La captura de Nicolás Maduro por parte de un comando militar norteamericano, como no podía ser menos, ha desatado toda clase de opiniones, condenas, expresiones de alegría y análisis sobre la posible evolución de los acontecimientos. Igualmente se han movilizado partidarios y detractores del acto de fuerza de la administración de los USA e igualmente distintos gobiernos y organismos internacionales se han manifestado con respecto a un hecho que, aquí sí con propiedad, debe calificarse como histórico: es un hecho excepcional, salvando el antecedente de Noriega, que un jefe de estado en el ejercicio de su cargo sea sacado de su residencia en el país que dirige y se le traslade a una prisión de otro estado. Maduro y su esposa fueron llevados ante los tribunales norteamericanos en el curso de pocas horas. Consumado el hecho, es el “ahora qué” lo que interesa en forma de infinitas preguntas y numerosos análisis que han traído una profusión de expertos en derecho internacional impensable. En un sondeo llevado a cabo por el periódico digital “El Español”, un 64% de los encuestados considera que la detención de Maduro ha violado la legalidad internacional. Si consideramos que la muestra que dan las entrevistas debe ser socialmente representativa, no podrá negarse tributo de admiración a un país poblado con tanta gente conocedora del derecho internacional.
La respuesta más coherente a ese “ahora qué” es la inutilidad de la pregunta porque nadie puede saber lo que deparará la situación que se ha creado a partir de la destitución forzada de Nicolás Maduro. Es pensable que la Administración norteamericana tenga sus previsiones que con seguridad se incorporarán distintas evoluciones de los acontecimientos y las reacciones a cualquiera de ellos partiendo de lo que constituya el plan inicial (ideal) para estabilizar la nación venezolana, ya inestable con Maduro al frente. Lo más probable es que ninguno de esos planes responda a los acontecimientos que tendrán lugar finalmente. El intervencionismo no es un veneno que sólo afecta a la economía, de forma particular las acciones militares de este tipo (recuérdese Vietnam, Afganistán y otros) tienen desarrollos imprevistos que por lo general contravienen la planificación que se había realizado. De un desequilibrio es poco realista esperar una sucesión ordenada de acontecimientos atenidos a un plan, lo que requerirá nuevas actuaciones que corrijan efectos indeseados y otras que serán requeridas por éstos. La paradoja en este caso es que gobiernos y políticos entusiastas del intervencionismo estatal se quejen en este caso de su propio credo consistente precisamente en intervenirlo todo. Toda radicalidad conduce siempre a la contradicción, aunque para el radical no sea nunca un problema ya que siempre y nunca conviven en su mente sin neutralizarse.
Dicho lo anterior y yendo al terreno de las seguridades, las diferentes reacciones ante el hecho demuestran que eso llamado orden global como sinónimo de un planeta regido por el derecho y la unicidad de sus reacciones ante un mismo hecho no representa más que una farsa utilizada a la mejor conveniencia de los intereses de quien lo invoca. Partiendo de la base de que las relaciones entre estados son de orden anárquico, es decir no hay jerarquías con poder de coerción sobre las dos partes en conflicto, el derecho se convierte en papel mojado (¿qué dirán los esquimales del derecho a vacaciones pagadas que garantiza unos de los muchos acuerdos aprobados por la ONU?). Como también es cierto que el llamado derecho internacional resulta de la legalización ex post facto del triunfo en los campos de batalla, si hay normas preexistentes el vencedor las altera conforme a sus intereses. Las dos últimas guerras mundiales crearon derechos y obligaciones para las partes contendientes dictadas por los vencedores una vez se impusieron por la fuerza de las armas a sus oponentes. Los intentos de resolución pacífica de los conflictos posteriores a ambas conflagraciones creando la Sociedad de Naciones y la ONU han demostrado su escasa operatividad.
Así las cosas y siendo el que es el contenido de los artículos 1 y 2 del texto fundacional de la ONU tan invocado por los detractores de la acción norteamericana, no está de más hacer algunas consideraciones al margen, aunque no totalmente, de lo que sería una discusión estrictamente jurídica. Un estado no es soberano únicamente porque sus actos dentro de sus fronteras sean de su exclusiva incumbencia, el concepto de soberanía no va asociado sólo a la territorialidad, sino también en la medida en que sus habitantes estén representados por las autoridades que los dirigen. Esta última es una noción inseparable del aspecto territorial, siendo más relevante el respeto por los derechos individuales básicos que una determinada configuración del espacio sometido a la jurisdicción de un Estado. Ni siquiera cabría hablar de bienes jurídicos de igual rango en pugna, la seguridad, la integridad y la voluntad manifestada de las personas es mucho más relevante que los límites convencionales entre estados. Por ello, Venezuela no es soberana, su soberanía está secuestrada por una élite dirigente que ha gobierna de espaldas y contra una mayoría del pueblo al que dice representar. No se puede condenar la fuerza entre estados ignorando la violencia contra sus habitantes. Por esa razón no puede defenderse que un dictador como Maduro sea protegido en sus derechos fundamentales invocando la Carta de las Naciones Unidas mientras se hambrea a la población y se la aboca a la diáspora a la vez que sus cárceles se llenan de presos políticos, cuyo anuncio de liberación confirma su existencia, y se denuncian desapariciones y torturas sistemáticas. Esas personas también están amparadas por la legalidad internacional sin que quienes defienden a Maduro, a su régimen para ser exactos, digan nada. Lo cierto es que todo el mundo sabe que aquí la legalidad, si es que existe más allá de lo escrito, importa poco y menos a quien la invoca con motivo del arresto de un dictador. El poder de la superioridad moral se concreta en el privilegio de practicar una doble moral sin remordimientos.
Hay una contradicción más relacionada en segundo plano con este asunto. Si la soberanía de un Estado está representada ante todo por sus fronteras y todo acto que ignore ese principio jurídico lesiona dicha soberanía, qué ocurre con el caso de la inmigración ilegal. Siguiendo el argumento todo acto de acceso irregular a un país atenta a su soberanía, por lo que podría decirse lo mismo de las personas que entran en el Estado receptor sin cumplir las normas. Se podrán objetar con motivos de peso las diferencias de un caso y otro, pero los matices no resuelven la cuestión si, como ahora ocurre, se quiere elevar a categoría ese concepto de lo soberano ligado a la inviolabilidad de las fronteras. La conclusión, que no la solución a un dilema tan complejo, es que una cosa y la otra no pueden defenderse al mismo tiempo so pena que los principios sirvan únicamente a criterios de oportunismo político o estén sometidos a la dialéctica amigo-enemigo.
José María Sánchez Romera
