La entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía se produce en un contexto de grave carencia de vivienda, con miles de familias expulsadas del mercado residencial por el alto coste de los alquileres, especialmente en las zonas tensionadas, donde los precios se han disparado mientras la oferta de vivienda habitual se reduce.
A esta situación se suma el crecimiento descontrolado de las viviendas destinadas a uso turístico, muchas de ellas incumpliendo la normativa vigente sin apenas consecuencias por la falta de vigilancia y de inspecciones reales, lo que agrava aún más la escasez de vivienda residencial y empuja a la población a la periferia o a situaciones de precariedad.
En este escenario, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno impulsa una norma que pretende revertir el colapso del acceso a la vivienda, apostando por el incremento de viviendas protegidas, la rehabilitación del parque existente, la disponibilidad de suelo y la reducción de trabas administrativas, al tiempo que refuerza la seguridad jurídica de los propietarios.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado que la ley “nace del diálogo y para mejorar la vida de los andaluces” y que viene a consolidar la planificación iniciada en 2019. Según ha señalado, en estos años Andalucía ha multiplicado por cuatro la promoción de vivienda protegida y se ha convertido en 2025 en la comunidad donde más vivienda —libre y protegida— se ha iniciado.
La nueva norma se marca como objetivo acelerar el acceso a una vivienda digna, especialmente en aquellos municipios donde vivir se ha convertido en un lujo. Para ello, crea las áreas prioritarias, territorios con mayores dificultades de acceso, donde la administración concentrará recursos mediante:
Ayudas al alquiler
Apoyo a la compra de primera vivienda
Incentivos a la construcción y rehabilitación
Estas medidas buscan aliviar la presión de unos mercados locales dominados por precios abusivos y por el desplazamiento del uso residencial hacia el alquiler turístico.
Vivienda como hogar, no como negocio
La ley también defiende el uso residencial habitual y permanente, tratando de equilibrar los distintos usos de la vivienda y frenar su conversión masiva en alojamientos turísticos, una práctica que ha vaciado barrios enteros sin que exista un control efectivo sobre el cumplimiento de la legislación.
Asimismo, se refuerza la colaboración público-privada, con fórmulas como la permuta de suelo por vivienda o la urbanización de nuevos suelos, y se crea una comisión específica para impulsar nuevas soluciones.
Rehabilitación y regeneración urbana
Otro eje clave es la rehabilitación de viviendas y barriadas, con actuaciones dirigidas a erradicar la infravivienda y mejorar la eficiencia energética e hídrica, siempre bajo criterios de sostenibilidad social y ambiental. Para ello, se constituirá una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía.
Protección frente a la exclusión residencial
La norma también incluye mecanismos para garantizar el buen uso del parque residencial, evitando la sobreocupación, la ocupación ilegal y los desahucios sin alternativas. Se creará una Comisión de Coordinación en materia de desahucios con representación de varias consejerías y organismos públicos.
Suelo para más de 40.000 viviendas protegidas
Más de 80 municipios ya se han adherido a las medidas urgentes del Decreto-ley previo, que permite aumentar densidad y edificabilidad si las viviendas resultantes son protegidas. Esta bolsa de suelos ya ha aflorado parcelas para más de 40.000 VPO en los grandes municipios.
Un cambio de rumbo necesario
La nueva ley sustituye cuatro normas anteriores y pretende poner orden en un sistema fragmentado. Con un presupuesto que alcanza los 740 millones de euros, un 180% más que en 2018, y programas como Garantía Vivienda Andalucía, la Junta busca contener una crisis que ya es estructural.
Sin embargo, el reto sigue siendo enorme: sin control real del uso turístico, sin freno a la especulación y sin una vigilancia eficaz, el acceso a la vivienda seguirá siendo uno de los principales problemas sociales de Andalucía.
