Breve refutación del Estado / José María Sánchez Romera

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En 1.985 el profesor norteamericano Charles Tilly publicó un ensayo, antecedente de una obra mayor, denominado “Guerra y construcción del estado como crimen organizado”. Tilly sostenía que la unión voluntaria de los ciudadanos no es la que crea los estados, no responde por tanto al contrato social de Rosseau, sino que “la guerra es la que hace los estados” . El autor enfatiza la interdependencia entre la guerra y la construcción del estado y la analogía entre estos dos procesos y lo que se denomina crimen organizado. Sostiene que la delincuencia, la piratería, la rivalidad criminal, el mantenimiento del orden público y la guerra pertenecen a esa misma realidad. El objetivo de los que tenían el poder era mantener control de su territorio y los gobiernos buscaron extraer el uso de la violencia del cuerpo social, concentrándola y monopolizándola, autolegitimando la toma de su control. En definitiva el Estado vendría a ser la sublimación del ejercicio del monopolio de la violencia y la coerción que arranca históricamente con los señores de la guerra, que acabaron llamándose reyes cuando llegaron a dominar un espacio territorial concreto, y los bandidos que les habían servido, a los que confirieron cargos y dignidades (títulos nobiliarios, tierras, derechos…). Quizá este original y nada desatinado enfoque sobre el origen de la formación de los estados debería contener ciertos entusiasmos recientes en torno a la verdadera naturaleza de los mismos. Esta tesis podría sorprender si no fuera porque es concorde con las teorías evolucionistas aplicadas a las ciencias sociales y sobre todo porque los hechos en buena medida la respaldan.

Lo cierto es que el estado como organización política de los diferentes países en su devenir histórico no ha hecho más que extenderse y acumular medios legales y materiales para incrementar su capacidad de influenciar en todas las facetas de la acción humana. Ya en los años ´40 el profesor Hayek denunció en su libro “Camino de servidumbre” esta deriva y alertó de los peligros antidemocráticos que ello representaba.

La pandemia del coronavirus sirvió de detonante para la progresión del furor estatalista, en constante incremento desde décadas atrás, al tratar de aprovechar una emergencia sanitaria, que según esa corriente de pensamiento, daba fundamento a la ampliación del ámbito de los espacios a ocupar por el poder público en la pretextada búsqueda del beneficio colectivo. De paso se daba por sentado que casi todo lo privado pugnaba con el interés común en conflicto con la idea de la defensa de la libertad individual como fortalecimiento de la sociedad en su conjunto. Es cierto que una mayor parte de esa sociedad a medida que se siente desvalida ante las circunstancias, que son cada vez más negativas, y angustiada por las perspectivas, teñidas de negro, sólo ve en ese estado de apariencia indestructible, su propio rescte, lo que hace que asista de forma acrítica una que necesariamente se hace a costa del valor del ser humano como sujeto con iniciativa y pensamiento autónomos. Pero ese aparente consenso social es imposible porque los pactos son concebibles entre iguales, entre desiguales solo cabe la condescendencia del más fuerte. Y aunque fuera cierta la aceptación del sometimiento al crecimiento del estado a costa de la libertad individual, ese acuerdo no dejaría de ser malo para sus destinatarios. Es más, simplemente nos encontraríamos ante lo que no es más que una variante de la caverna de Platón, los gobernados no conocen más que la organización estatal como modo de ordenación y convivencia de la sociedad y suponiendo que otra cosa es imposible, lo aceptan. Pero el estado, o más bien el estado que conocemos, no es la única posibilidad de ordenación de las relaciones humanas, de hecho su permanente desarrollo ha alcanzado niveles contrarios al interés común al ir arrinconando las libertades individuales, aunque no abordaremos ahora esa cuestión.

Lo cierto es que de forma simultánea y como producto de estos tiempos de confusión, y el coronavirus sólo ha sido un hito delator de nuestras muchas debilidades. Una de las cosas más chocantes que ocurre es la repulsa general a todo tipo de restricciones a la vez que se exige una tutela pública omnímoda, por lo que se pretende una aleación imposible entre libertad absoluta y sobreprotección estatal. Semejante contradicción no es fruto de la casualidad o de una tendencia histórica aleatoria, sino el resultado que desde la cultura y la política, al final la cultura hegemónica determina la política, se ha promovido por la incesante agitación de ideas con grandes dosis de emocionalidad. Una especie de vuelta, desquiciada, al 68 resumido en el lema simbólico de la época, “sé realista, pide lo imposible”.

El estado en tanto que sujeto existente es una entelequia, una creación que ha adquirido realidad en nuestras mentes como algo que actúa por sí mismo y nos lleva a aceptar como legítimas todas sus decisiones siempre que se cumplan determinadas formalidades o ritos preestablecidos. Es verdad que existen definiciones académicas de estado, pero no cuestionan nuestra afirmación ya que precisamente lo que describen es una institución que sin referencia a sus elementos materiales carece de sustantividad. El estado actual no es más que una representación ideal del equilibrio entre la coerción, que hemos admitido como legítima, y cierta protección que nos brinda a cambio, representación que a los efectos de la coerción se dota de mecanismos reales para imponer la voluntad de quienes dominan el aparato estatal. El estado como elemento integrador y sobrepuesto a todos los intereses particulares es pura ficción, un disfraz bajo el que se oculta, en el caso de la democracia parlamentaria, un gobierno de partido que impulsa sus propios intereses ideológicos de la parte de la sociedad que lo ha encumbrado frente a la otra. Es obvio que esto tiene sus matices porque hay ideologías más intervencionistas que otras y en esa medida los gobiernos que las representen actuarán con mayor o menor sectarismo. Por eso la limitación de la esfera de influencia del estado, o del gobierno en su caso, aunque en el fondo tanto da, siempre será más beneficiosa para la generalidad de la ciudadanía que no sufrirá tanto la hostilidad de un poder que sea contrario a una parte de sus miembros.

El estado por tanto no es una solución, es un problema que se hace necesario en nuestro esquema de pensamiento al haberse forjado como institución consuetudinaria con largo recorrido histórico. Por ello debe regularse para controlar su natural tendencia macrocéfala tal y como pone de manifiesto la ley de hierro de las oligarquías (Robert Michels). El poder del gobierno como expresión tangible de la idea del estado siempre encuentra justificaciones para incrementar su tamaño e influencia. El propio marxismo, como ideología con pretensiones emancipadoras del ser humano, propugnaba la desaparición del estado como última fase del socialismo pasada la etapa de la dictadura del proletariado. Lo mismo, en sentido justamente inverso, sostiene actualmente el anarcocapitalismo, que se inclina por la progresiva sustitución del estado en todo cuanto hoy es sujeto titular de servicios públicos tenidos por esenciales, obteniendo la satisfacción de todas las necesidades humanas por medio del pacto entre individuos. La idea del estado como la expresión política del sometimiento del individuo siempre ha estado presente en una parte del pensamiento filosófico y político, aunque otros hayan justificado su necesidad basada en intereses generales.

Por hacer breve referencia a España, nos encontramos que la continua estratificación del poder ha generado un intervencionismo incontrolado como producto obligado de la ocupación de esferas cada vez más amplias de actividad de los individuos. Gobiernos europeo, central, autonómico, provincial (en menor medida) y municipal han ido colonizando espacios de nuestra vida personal, con el pretexto del bien común, de manera tal que resulta ya una tarea para patólogos sociales encontrar una faceta de nuestra existencia que no esté regulada y por añadidura sujeta a algún tipo de gravamen. La necesidad de cada estrato político de fundamentar su carácter imprescindible le impulsa a invadir continuamente nuevos terrenos de la actividad humana con el reiterada pretexto de que tales acciones son imprescindibles para el bien social. El estado se asemeja mucho al pastor, defiende a sus ovejas del lobo, pero para que le sirvan a él de alimento.

El estado es pues hoy una idea-fetiche, la mitificación de una forma de organización con ecos mesiánicos para la redención de nuestros males. Pero lo cierto es que está formado por personas con las mismas virtudes y defectos que aquellas a las que gobierna. El estatalismo pretende hacernos ver que su objetivo es impedir lo injusto, pero tras esa promesa quimérica vendrá siempre la envilecida razón de estado que convierte en ley lo que antes reputó inmoral. En conclusión: el estado sólo puede quitar libertad y en consecuencia ordenar, conforme a un criterio de estricto interés de parte, lo que tenemos que entregarle en forma de bienes. Es, como mucho, por ahora, el mal menor, y por eso tanto menor será el mal cuanto más limitado sea su dominio.

José María Sánchez Romera.