A finales de 1.917 la debilidad del ejército ruso y la situación interna del país a consecuencia del proceso revolucionario, obligó a Lenin, introducido por Alemania en Rusia para debilitar el frente oriental durante la I Guerra Mundial, a aceptar las onerosas condiciones impuestas por los imperios centrales para su rendición (Tratado de Brest-Litovsk). Lenin, que dio un doble golpe de estado contra el Gobierno en 1.917 y la Duma en 1.918, había instigado la desobediencia y deserción de la tropa en el frente para impulsar el proceso revolucionario. Además, en el frente interno, el llamado Ejército Blanco, partidario del Zar, amenazaba el poder bolchevique junto a otros levantamientos armados por toda Rusia. Con el fin de no verse derrocado por una derrota militar y acabar con la resistencia militar doméstica, tuvo que aceptar la cesión de dos millones y medio de kilómetros cuadrados de territorio ocupado por más de cincuenta millones de habitantes. Fue el precio de salir de la Primera Guerra Mundial para mantener el poder, renunciando a su promesa de una paz sin contrapartidas, trocada en humillante capitulación ante el imparable avance alemán.
En las presentes circunstancias de España no sería extraño que tengamos que acabar compadeciendo a la coalición de Gobierno que, en su objetivo por continuar a toda costa otra legislatura, está siendo sometido a toda clase de humillaciones por el nacionalismo catalán. En un caso de sadismo político sin precedentes parece haber rebuscado en la hemeroteca con el objeto de imponer como condiciones para pactar todos aquellos asuntos sobre los que el Gobierno había dicho pública y enfáticamente que jamás cedería. Amnistía, deuda, ferrocarriles… no hay exigencia del secesionismo que no cuente con un precedente al que se le haya negado toda posibilidad de ser admitido para formar parte ahora del conjunto de cesiones. Tanta contradicción desborda sin remedio el socorrido “cambio de opinión” y su gestión se adivina muy complicada. El nacionalismo catalán va a exigir todo cuanto quiera y lo tendrá porque una repetición electoral con semejante telón de fondo convierte la culminación del pacto en asunto de vida o muerte para la coalición de izquierdas. No será mejor el escenario que se abre para controlar esa mayoría tras la investidura, esos socios sólo apoyarán lo que tienda a desmantelar el Estado, incluidas todo tipo de exigencias económicas. Volados a conciencia todos los puentes con los partidos nacionales, la alternativa ha sido aceptar unas condiciones desorbitadas hasta el punto de tener que reconocer que con ello se ha hecho de la necesidad virtud. En otras palabras: con tal de que no gobierne la derecha, lo que sea. Eso es un grave error para cualquiera que observe la situación sin esa visceralidad forzada que no existe socialmente. De hecho, los sectores sociales que son partidarios de contemporizar son muy amplios y apoyarían cualquier salida alejada de la dependencia de esos grupos minoritarios que están imponiendo su voluntad a la mayoría del país. No se puede hablar de mayoría de progreso cuando quienes dominan férreamente la situación son minorías que viven ensimismadas en su egoísmo aldeano.
En todo caso no confundamos causas y efectos, es preciso aclarar que cuanto se concede al nacionalismo secesionista catalán, que no es Cataluña, es directa consecuencia de la previa e incondicional aceptación de la amnistía. Ese es el antecedente y base de todo los demás porque lleva como significado implícito constituir una reparación del Estado, España y los españoles, en definitiva, que la exoneración de todas las ilegalidades y excesos cometidos en 2.017 entraña al verse reconducidos a legítimas expresiones de libertad, y objeto, dentro de ese relato, de injusta represión contraria a los derechos democráticos más elementales. Y si se va algo más allá tratando de adivinar el escenario futuro, se advertirá que el nacionalismo catalán, de cuyas luchas internas por la hegemonía también pagaremos la cuenta, se limita a poner sus votos para la investidura, no para facilitar la gobernación de España. Lo que se garantizan es un poder ejecutivo que cumpla sus exigencias sin obligarse a nada más. Reciben cuanto han pedido y el sentido de sus votos actúa a modo de acción de oro para asegurarse el cumplimiento de lo acordado bajo amenaza de dejar caer al Gobierno o derribarlo. Y es en este contexto desde el que debe analizarse la amnistía, incluso aceptando como punto de partida que la misma sea una decisión legítima del poder legislativo en tanto que compatible con nuestra Carta Magna, como trataré de explicar a continuación.
La directa consecuencia de la admisión de la amnistía en los términos en que se plantea es que la Constitución no responde a lo que ella misma proclama, el carácter democrático del Estado, por lo que éste pierde el pilar de su legitimidad. Si los portavoces gubernamentales respaldan los argumentos de quienes sostienen que se conculcaron sus derechos más elementales, están admitiendo que el sistema por el que fueron enjuiciados y sometidos a la ley no responde a principios democráticos básicos. Eso significa la quiebra de toda la legalidad vigente que se apoya en la Constitución y a partir de la que se adoptaron las determinaciones opuestas a los actos llevados a cabo por los partidos secesionistas catalanes en 2.017. Adviértase que al fondo subyace la idea, gravísima, que cuestiona el principio de separación de poderes, principio nuclear de la Constitución, y nos conduce a admitir que todo es voluntad política y por tanto sometida al criterio “democrático” de las mayorías (ya hemos visto que en realidad tampoco). De lo que se sigue que el poder judicial es antidemocrático, su intervención nociva para la resolución de conflictos y perturbadora de la convivencia. Y lo sería también el Gobierno que no tendría capacidad para defender al Estado imponiendo el cumplimiento de la ley y por necesaria derivación el Congreso, convertido en una Convención donde se aprueben normas, vía de las proposiciones de ley, para eludir los controles (“checks and balances” en la jerga anglosajona), sin más límite que lograr un número suficiente de votos con los que ordenar al Ejecutivo lo que ha de hacer. Eso, por más que se repita, no es que quepa en la Constitución, es que supone por fuerza su derogación.
José María Sánchez Romera.
