Extrañamente, el único motivo de preocupación expresado por los diversos actores políticos en relación al pacto de investidura suscrito entre el PSC y Esquerra Republicana, una vez aprobado por las exiguas bases de la formación independentista, sólo han sido las consecuencias económicas que va a producir sobre el resto de comunidades encuadradas den el régimen general de financiación. Pero el reparto futuro de los fondos no es lo único que altera para mal todo el statu quo vigente hasta ahora, existen otras cuestiones, una, que es redundante en la cuestión económica, otras derivadas del acuerdo afectantes a libertades individuales y al no reconocimiento político de la Cataluña no nacionalista y una última relacionada con la coherencia de sus principios en los firmantes del acuerdo.
La naturaleza política de quienes suscriben el pacto (nacionalistas y de izquierdas ambos), que incluirá a los llamados “comunes” como socio menor a la espera de obtener alguna consejería en la que puedan dar rienda suelta a sus ocurrencias (vivienda, por ejemplo), significa por sí misma una política de gasto público sin control por inevitable tendencia y necesidad política en los objetivos, el hecho de que Cataluña retenga todos los ingresos que genere una vez tenga su propia hacienda no será suficiente para financiar ese gasto. Ningún gobierno que basa su política en la expansión del gasto público se ha sustraído al mal de un déficit sistémico. A una mayor recaudación no sigue, como sería lógico que ocurriera, unos balances de cuentas saneados, al contrario, el crecimiento de los recursos los lleva a incrementar el gasto corriente y la consolidación como estructurales de gastos extraordinarios en origen, especialmente en el caso del empleo público porque fideliza el voto.
Más allá del abstruso asunto del principio de ordinalidad, si algo destaca en los referidos acuerdos es una expansión burocrática como soporte de una ingeniería por las coincidentes pulsiones hacia el constructivismo social de unos grupos que son por doble partida de izquierda y nacionalistas. El elevado coste de ordenar tratar de la sociedad como piezas de ajedrez en el tablero, se imputará a la insondable partida de “políticas sociales”, donde se multiplicarán organismos que se dotarán de un personal dedicado al control social y a generar mensajes destinados a la consolidación de los objetivos políticos de poder nacionalista, algo no ve quien no quiere verlo. Dada la congénita incomprensión en los partidos de izquierda del proceso de libre mercado, al que tratan de controlar y sustituir sin ningún éxito conocido mediante la acción administrativa, la política económica de la Generalidad seguirá los derroteros conocidos: alta tributación y endeudamiento, de cuya solvencia responderá por supuesto el Estado que cubrirá los recurrentes desfases presupuestarios. Por el acuerdo la Comunidad catalana no sólo aportará menos (que será nada) a la llamada caja común, lo que asegura el título orwelliano escogido, “concierto económico solidario”, sino que con toda seguridad terminará exigiendo más y más recursos para financiar un proyecto intervencionista en el que los objetivos políticos priman ahora y primarán después sobre cualesquiera otros. Después, tras el cínico burladero de quien impone el “relato”, las culpas se cargarán a algún enemigo del progreso y el fiasco se disfrazará bajo denominaciones que serán la expresión de alguna clase de posverdad.
Como ya se ha dicho, los problemas no se van a limitar al ámbito de la economía, los acuerdos adoptados entre Esquerra y el PSC, incorporan previsiones inquietantes para las libertades individuales en el territorio catalán. Contra lo que pueda parecer y lo que puedan haber querido votar muchos catalanes al depositar su papeleta de forma mayoritaria en el socialismo catalán, votar es un magnífico derecho que no implica elegir bien, el PSC no se diferencia en nada del secesionismo a la hora de entender las cuestiones identitarias. De éstas, siendo la lengua la más distintiva (el cava y el fuet no dan para mucho), de poco más puede tirar el nacionalismo para construir su “otredad”, los acuerdos arrinconan todavía más a los millones de catalanes no nacionalistas. Si ya la imposición del catalán en los espacios púbicos era excluyente del español como lengua cooficial, lo que se pacta es la delirante idea, está por ver cómo, de extender la inmersión lingüística obligatoria a los ámbitos privados. En un territorio bilingüe esta medida sólo puede calificarse como totalitaria y por descontado que no será gratuita porque, al margen de lo académico una vez burladas las resoluciones judiciales al efecto, está prevista la creación de una consejería dedicada exclusivamente a la materia, con un “Pacto Nacional por la Lengua”, que se dotará para su despliegue con 200 millones de euros, luego se dirá que falta dinero para la sanidad por insuficiencia de recursos. Después están las “embajadas”, la presencia en organismos internacionales, selecciones catalanas y además una Convención Nacional, seguramente como confirmación del proceso revolucionario que se inicia, para la resolución del supuesto conflicto político con España (órgano que suplantará los órganos legítimos de representación democrática cuando convenga). El llamado preacuerdo incluye otras bagatelas, todas de inspiración nacionalista, que necesitarán de sus correspondientes partidas presupuestarias. Todo ello a pesar de que la mayoría social representada en el Parlamento de Cataluña no es nacionalista y que la victoria del PSC era la prueba del reencuentro de los catalanes. Hay muchas formas de afrontar los problemas, la forma elegida de rebajar la fiebre secesionista elevando al máximo la temperatura de sus pretensiones resulta muy desconcertante. De lo que no cabe duda es que vivimos una época dorada del pensamiento mágico: hay que dejar de vivir para convivir. ¡Eureka!, habría gritado Arquímedes.
Derivado de esa filosofía de abundar en los males para remediarlos, el pacto que van a firmar tres partidos de izquierdas, cuyas ideologías están atravesadas por los principios de igualdad y justicia social, se basa en todo lo contrario, ahondar las diferencias entre comunidades desiguales, creando a la vez dentro de Cataluña una sociedad dual que discriminará con leyes segregacionistas a los no nacionalistas. Cualquier persona coherente iría revisando sus principios si partiendo de ellos tuviera que firmar un documento que los llevara al extremo contrario, si bien, como en la famosa Calle del Gato, cada uno elige el espejo donde mejor se ve.
Culmine o no el proyecto, su mero anuncio ha generado ya tal cúmulo reacciones negativas e inseguridades políticas, jurídicas y económicas que van a ser un lastre inmediato para los intereses generales. La materialización de sus efectos por fuerza habrá de ser peor aún. Nada bueno se anticipa de este arriesgadísimo ukase dictado por el zar de todas las Españas que nada más conocerse está haciendo volar cuchillos.
