CERO ABSOLUTO
En 2.019 el periodista Rafa Latorre escribió un libro titulado “Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido”, basado en los acontecimientos ocurridos durante el llamado “próces” catalán. Hoy, en relación al Estado de la Nación, que ya ni se presupuesta ni se debate, (para qué), habremos de añadir que además vemos y oímos cosas para las que todavía no existen palabras con que nombrarlas. En lo que concierne a las convenciones democráticas más elementales, habitamos en este momento otro planeta, puede que otra galaxia, y nuestro vocabulario para designar lo que está ante nosotros ya no nos sirve. Nuestra percepción del espacio se asocia con la existencia de límites de tal forma que cuando no distinguimos éstos nos encontramos totalmente perdidos. En política democrática los límites se refieren a elementos de moralidad y coherencia que se suponen compartidos por los demócratas, donde la ética de los medios está por encima de la eficacia del resultado, menos aún si éste consiste en la mera retención del poder. Quebrado ese suelo, debajo no hay más que un abismo hacia lo autoritario.
No es la primera vez que un grupo humano convertido en estructura de poder descompone un país y con él a la sociedad que lo vertebra. Es cierto que las democracias liberales cuentan con mecanismos que tienden a preservar a personas e instituciones de los abusos del poder, precisamente por eso se diseñaron, desde el conocimiento práctico de la naturaleza humana, no obstante, eso no las hace invulnerables. Los sistemas pueden ser neutralizados, los encargados de vigilar la limpieza del sistema sobornados o sustituidos por dóciles figurantes y el pueblo engañado usando en su contra las facultades que delegó al votar. Cuando un Gobierno acuerda asumir la responsabilidad de evacuar un crucero por un virus, presentándolo en términos logísticos como si fuera el Desembarco de Normandía; necesita convertir la política exterior en un problema interior y defiende que es estable en un sistema parlamentario donde carece de mayoría en las cámaras, transmite su inanidad y la parálisis política que lo aqueja, también una desmedida ambición por mantenerse a cualquier precio. El desafío nacional que implica esta concatenación de anomalías, por su imprevisibilidad, abatidas todas las leyes no escritas sobre responsabilidad en democracia, se ha descubierto inexpugnable ante la inexistencia de antídoto constitucional. El único posible, una caída forzada por el Congreso de los Diputados, debido a la concurrencia de los anárquicos intereses de una mayoría espuria, es en la España actual un desiderátum utópico que, en esto sí, somos la admiración del mundo civilizado. El 1 de junio de 2.018 los diputados que votaron en favor de la moción de censura no emitieron un voto contra la corrupción sino contra la Nación constitucional, cada cual buscando sus propios intereses, lo que, por otra parte, quedó al descubierto hace mucho tiempo para quien quisiera verlo.
En las actuales circunstancias el mantenimiento de un Gobierno, cuya legitimidad de ejercicio está hecha pedazos, que justificó su origen en la corrupción del último Gobierno del Partido Popular, pese a estar acorralado por causas judiciales relacionadas con lo que fue su razón de ser, una némesis salvífica frente a tanta supuesta inmundicia, representa una grave anomalía cuyas consecuencias tendrán un alto coste que seguramente no pagarán sus responsables. A los que ahora invocan “ad náuseam” la presunción de inocencia, la que nunca han respetado como atestiguan los “asesinos” Díaz Ayuso y Mazón, hay que darles la razón, tienen ese derecho, pero eso no se traslada como pretenden al debate político. La sutil distinción entre indicios y pruebas que han aprendido como consigna es una ficción del mundo procesal que diferencia las dos fases del procedimiento penal, investigación y juicio, de la apariencia delictiva provisional a la confirmación una vez son confrontadas las conductas con los elementos, objetivos y subjetivos, que establece la ley. Los hechos que, por ejemplo, se atribuyen al Sr. Rodríguez Zapatero están comprobados, son, sin más, por así decirlo, el que integren o no alguna figura delictiva no resta la relevancia que tienen en el plano político al contrastarse con sus conocidas opiniones afectando su desapego por lo material.
El Gobierno y quienes lo sostienen llevan desde 2023 contraprogramando frente a la realidad porque necesitan tiempo para sus respectivos planes, la ideología es un señuelo, el lobo no está fuera sino dentro y el problema puede no ser lo que estamos sabiendo, sino lo que no aún no sepamos o no llegue a saberse. Uno de los últimos fetiches, el que apela a la defensa de lo público, se ha reescrito a su verdadero significado: lo público se ha puesto al servicio de grupos muy determinados. El castillo de arena se derrumba, ya ni las cataratas que la ceguera partidista provocan pueden ocultar la profundidad del problema. Los partidos que en su día votaron la moción de censura bajo una falsa excusa que encubría sus verdaderos motivos han quedado expuestos cuando ya no tienen nada que preguntar, ni piden explicaciones, todo se ha reducido a un escapismo simbolizado por esa imaginaria, en su sentido más literal, línea roja sobre la financiación ilegal de los socialistas, como si el resto de ilegalidades pudieran ser consideradas la parte prescindible de un expediente engorroso. Donde antes se extraían gravísimos comportamientos de cualquier resolución judicial, aunque fuera de orden muy menor, hoy se exigen sentencias firmes que justifique exhibir alguna mínima contrariedad.
La historia habrá sido y continuará siendo hasta el final una mera representación como confirma el que no se haya dado el más mínimo gesto de disidencia, cero absoluto, esa temperatura donde toda actividad se paraliza. Moralizar y moral resulta que no eran lo mismo. Mientras tanto, la alternativa puede ir sacudiéndose ese síndrome del impostor que normalmente la atenaza.
José María Sánchez Romera
