Las expresiones más repetidas suelen arrastrar la mala fama que se resume en el término “tópico”, referencia habitual a cualquier palabra o frase al alcance de prácticamente todo el mundo. Sin embargo, el tópico o la fórmula repetitiva también ofrece una forma de conocimiento que no siempre aparece formulada como una proposición racional elaborada sino como un recurso léxico que se ha demostrado eficaz a lo largo del tiempo como medio de comunicar ideas de forma sencilla gracias a su concisión y fuerza retórica. Sería el caso de “no se puede tapar el sol con un dedo” y de su variante “es más fácil tapar el sol con un dedo que la verdad con una montaña de mentiras”.
En los últimos días se ha desatado por los partidos que forman el Gobierno y medios de comunicación afines una intensa polémica relacionada con la adquisición de un ático, palabra de connotaciones más elitistas que piso o vivienda, por parte de la Comunidad de Madrid presentando la cuestión de tal forma que parezca que la Sra. Díaz Ayuso se ha comprado una mansión a costa de los madrileños, un marco mental que permite extraer todo tipo de inferencias asociadas al abuso de poder. Nada nuevo, la izquierda siempre busca la mayor eficacia comunicativa reformulando la descripción de los hechos a fin de obtener un gran impacto en la opinión pública ajena a toda relación con el rigor. Esta estrategia tiene mucho que ver con la necesidad de articular su proyecto político por medio del lenguaje ya que encuentra escaso reflejo en la realidad, por ello esa disociación requiere deformar constantemente lo que se desprende de la percepción objetiva.
La toma de lo que es una mala decisión resulta innegable, comenzando por la contradicción que supone para un proyecto de inspiración liberal ampliar el número de inmuebles propiedad de la administración y de la que se deriva otra incoherencia en el bando de los críticos, defensores de la bondad intrínseca de ampliar los bienes de titularidad pública, siempre bajo la oculta condición de que sean ellos los autores de la iniciativa. Por lo demás, las explicaciones han sido torpes, seguramente porque faltó reflexión a la hora de acordar la compra, y la rectificación se ha hecho bajo una excusa nada convincente, dando más combustible a los agitadores de la polémica. Más sencillo habría sido admitir el fallo y rectificar, algo que seguramente no se ha hecho por ese orden y contenido para no dar munición a unos adversarios que en la admisión del error verán mayores motivos para el ensañamiento. En todo caso las peticiones de dimisión de la Sra. Díaz Ayuso, acosada sin tregua mediante tácticas que sus detractores denominarían violencia política si ellos fueran los destinatarios, por una mala decisión administrativa resultan abiertamente ridículas para quienes han convertido en sistema resistir en los cargos frente a las evidencias más abrumadoras. Hacer la lista sería una tarea agotadora.
Empero, todas las torpezas e incluso las intenciones inconfesadas relativas a la compra del famoso “ático” no pueden servir de cortina de humo ante un hecho tan grave como el asalto de decenas de miles de personas a la ciudad española de Ceuta. Ese sol que resplandece con luz siniestra no puede taparse con el dedo de una compra mal justificada de un inmueble por parte de una administración pública, eso constituye, por seguir con los tópicos, un insulto a la inteligencia. La gravedad en sí del ataque, término que no es incompatible con el empleo menos cruenta guerra híbrida, se ha incrementado además por la manera en que ha sido abordado por el Gobierno y las consideraciones que sobre la naturaleza del mismo se han expuesto por sus diferentes (ir)responsables. El Ministro Marlaska habló de “cosas que pasan” sin que necesariamente haya un responsable de que ocurran, donde la imprevisión y la falta de diligencia al no tomar medidas ante miles de individuos agolpándose en la frontera carece de reproche. Esto trae al recuerdo, por comparación, la dana de Valencia donde los responsables políticos autonómicos tenían por fuerza que saber el potencial destructivo de las nubes que cruzaban por el cielo levantino. También se ha llamado al asalto crisis migratoria, como si se tratara de una avalancha de gente que huye de un peligro inminente, a la vez que se ensalzaba la cooperación del Gobierno marroquí pese a ser responsable por omisión, en el mejor e improbable de los casos, de la violación de una soberanía nacional que abiertamente no reconocen y respecto de lo cual nada no hemos oído de aquellos defensores del derecho internacional que en otros conflictos aportaban la profundidad de su magisterio sobreponiéndose a su condición de legos en la materia.
Fuera por pasividad o por contribución deliberada al asalto, la responsabilidad de las autoridades de Marruecos es mucho menor que la del Gobierno Español, garante obligado de la integridad del territorio nacional, no como mera expresión de hegemonía sobre un espacio determinado, sino como consecuencia ineludible del compromiso moral y de defensa efectiva de los habitantes de la ciudad de Ceuta, confiados a la reciprocidad que el ejercicio de ciudadanía española tiene que reportarles. Para eso respetan y acatan las leyes españolas y pagan sus tributos, a lo que pueden ser compelidos en caso de no hacerlo, siendo ese el fundamento de una reciprocidad que no puede relativizarse por conveniencias urdidas en la opacidad de lo que se ha dado en llamar “estado profundo”, que en Marruecos es abisal. Es inadmisible diluir la cuestión con disquisiciones teóricas sobre las causas de la inmigración, el colonialismo, cuya eliminación no ha traído por sí sola la prosperidad, la cooperación (siempre a costa de los mismos) y toda esa escolástica con aspiraciones de dogma muy al uso de intelectuales siempre ajenos a los efectos que soporta la gente común en el curso de la construcción de sus utopías. No hay otra conducta éticamente admisible que mirar la cara de la gente real, una a una, no a esos sujetos colectivos que sólo existen en la literatura sociológica designados como vanguardia para cumplir la tarea prometeica de salvar a la humanidad.
La cuestión es muy simple: no está en Marruecos la seguridad de los españoles que viven en Ceuta, o Melilla en su caso, sino el Estado Español y el Gobierno en tanto que titular del poder ejecutivo. El despliegue de los medios proporcionales para evitar o repeler una agresión a los españoles y sus derechos es su responsabilidad primordial. No hay ático que eclipse la cegadora claridad de esa obligación.
José María Sánchez Romera
