Puede que continuando el ciclo iniciado aquella noche que vio celebrar una victoria electoral que nunca fue, este sábado en Ferraz quería ser El Álamo con performances al estilo de las que hacen los All Blacks antes de jugar un partido. Lo primero que cabe destacar es que el volumen de las sirenas alertando de nuestra democracia en peligro no atrajo más que a unos pocos miles ya previamente convencidos, arengados por unos ministros que traslucían un estado emocional que por sus altísimas funciones no deberían permitirse. No puede por tanto hablarse de una rebelión de las masas, sino de una especie de extravagante automotín ya que los amotinados son la propia autoridad. A ello no es ajena ese permanente estado de esquizofrenia que provoca tener que defender la legalidad y a la vez cuestionarla para contentar a quienes desde posiciones antisistema mantienen parlamentariamente al Gobierno.
Ante una crisis como la actual, es eso lo que tenemos por encima de las causas que la provoquen, se entiende que, para los superiores intereses de la Nación, el sosiego y la reflexión son una exigencia mínima y obligada. Ver que se recurre a la sentimentalidad poniendo España al albur de lo que gente desconcertada ante lo inesperado pueda improvisar, causa honda preocupación y la imprudencia que exhiben los jaleadores mediáticos de cuota no hace más que agravarla. Los psicodramas como fuerza impulsora de un Gobierno europeo que se dice moderno y racional no es el mejor sistema para encontrar las respuestas adecuadas. Darle además una patada al tablero en medio del juego no indica que quien lo hace esté pensando en que puede ganar la partida con igualdad de reglas. Por razones estrictamente egoístas, nos vemos obligados a pensar que será pasajero el extravío de la cordura de quienes tienen resolver la situación a la que ellos mismos se han abocado
La decisión del Presidente del Gobierno de suspender de hecho sus funciones constitucionales implica per se la causación de un daño irreparable decida lo que decida tras sus días de enclaustramiento para meditar. El país asiste inerme a las consecuencias de una postura que parece movida más por cuestiones personales que políticas y nuestros iguales en el exterior lo menos que deben estar sintiendo es perplejidad. Ni siquiera el lamentable espectáculo del Partido Conservador británico a raíz del polémico mandato de Boris Johnson pudo causar efectos tan adversos. Pero las instituciones funcionaron por encima de las luchas intestinas del partido y pese a que el Primer Ministro fue investigado por la policía llegando a ser sancionado por hacer fiestas no permitidas durante la pandemia. No es que nadie criticó que se le aplicara la ley a Boris Johnson como a cualquier ciudadano en la misma situación, sino que terminó dimitiendo acorralado por sus partidarios. Prácticamente toda la prensa española, no digamos la que se denomina progresista, celebró con indisimulado entusiasmo ver sometido al más alto mandatario del Reino Unido al rigor de la ley y la crítica pública de sus diputados. Algo que en este momento resulta completamente inverosímil en nuestro país.
Muy al contrario, en España parece que no se acepta no que se abra una investigación judicial al poder o su entorno, es que la simple demanda de una explicación se ha convertido en un casus belli para el principal Partido del Gobierno. Para ello no se ha dudado en trazar una línea que divide trágicamente a los españoles en buenos y malos, sin espacio para los matices, dependiendo de la postura que defiendan. Antes que nada conviene aclarar que las ideologías no determinan ni para bien ni para mal la naturaleza de cada ser humano porque lo que lo que cada cual es viene definido al nacer antes de profesar cualquier tipo de creencia. Definirse uno a sí mismo como “el bueno” para encarcelar socialmente al resto como “los malos” es un ejercicio de intolerancia y una falta de autocrítica elemental poco acorde con nuestro estado de civilización, un límite que debería ser intraspasable. Lo que unas ideas u otras aporten al bien común debería ser el resultado de su contraste público, no de los prejuicios de parte.
Como gran problema político nacional (que contaría con la complicidad de la judicatura) ha sido súbitamente descubierto que los bulos difundidos por ciertos medios de prensa y en redes sociales socavan la democracia. Ese supuesto estado de cosas ha servido de argumento para que de forma peligrosa e irresponsable en la televisión pública se llegue a alentar la toma del control de los canales de expresión y de los tribunales, casi nada. Todo un acto de profesión de fe en la democracia. Y aquí se debe hacer nuevamente una aclaración previa para no caer en las confusiones que se quieren provocar: una opinión no es un bulo, indudablemente puede ser un error de juicio o una interpretación capciosa de un hecho, pero ambas cosas no son equivalentes como debiera ser obvio. A partir de ahí no es posible sostener que bulos y opiniones equivocadas o maliciosas, sólo salen de una parte de un lado del espectro político, de la derecha por ser más precisos. Eso no resiste el análisis más apresurado que se haga de la realidad y ahí están las publicaciones de los distintos medios para corroborarlo. Es más, podría cuestionarse la cantidad y cualidad ofensiva de lo que publican unos y otros en ese sentido. Cuando lo lógico, ya puestos a ello, sería examinar objetivamente en qué medida unos y otros contribuyen a enrarecer el ambiente social, se pone toda la culpa de un lado y quieren hacerse cómplices a partidos e instituciones hasta de lo que al amparo la mayoría de las veces del anonimato se difunde en las redes sociales. Porque cabe incluso dudar si lo que bajo esa cobertura pueda propalarse no sean opiniones de falsa bandera para justificar las peligrosas medidas que de forma irresponsable se proponen.
Cuando deberíamos estar preocupados sobre las leyes y reformas que deben hacerse a fin dar respuesta a los retos económicos y geopolíticos que tenemos ante nosotros, dejando que las responsabilidades políticas y legales se depuren en el ámbito que le son propios, lo que se quiere es implantar verdades oficiales bajo el pretexto de una indebida utilización de las libertades políticas, algo de llevarse a cabo nos haría degenerar en una patocracia. Si hay algo que caracteriza de modo fundamental al estado democrático es que el sistema está por encima de las personas y de cada grupo político, siendo eso y no lo contrario lo que define un régimen de libertades, aunque haya quien por tal cosa entienda lo que no es.
