De repúblicas y monarquías / José María Sánchez Romera

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Desde hace aproximadamente ciento cincuenta años nos vemos en la necesidad de resolver un enojoso dilema. Miramos a España conforme a la apócrifa versión de la calavera shakesperiana y nos preguntamos qué debe ser, monarquía o república. La disyuntiva no es en realidad en sí misma un ser o no ser, no es esencia, sino mera contingencia. La cuestión debe plantearse en términos de medios y fines, ¿república y monarquía tienen como fin la democracia o son el medio para imponer un sistema que puede no ser democrático?. Esa es la pregunta, todo lo demás superchería.

 

Para desgracia de nuestra tantas veces incomprensible nación, la historia unas veces se ha escrito con sangre y casi siempre con babas, las de los que escriben al servicio del poder y no del conocimiento. El 1.868 tuvo lugar la llamada “Gloriosa”, la revolución cívico-militar que derrocó a Isabel II y tras un período de transición condujo a la entronización de Amadeo I de Saboya. Fue un monarca liberal y respetuoso con los usos democráticos al que le quitaron su apoyo fundamental, el general Prim, asesinándolo el día antes de la llegada del Rey a España. Tres años después abdicó Amadeo I y se proclamó la Primera República, que duró exactamente once meses. Pasó  sucesivamente del progresismo al autoritarismo a medida que se despeñaba la capacidad del régimen para mantener un mínimo orden. El Presidente Figueras, primero de los cuatro presidentes que fueron elegidos, condensó aquel pandemónium con una frase pronunciada en un Consejo de Ministros: “Estoy hasta los cojones de todos nosotros”. Dicho lo cual y sin dimitir siquiera se subió en un tren hasta París y no volvió más.

 

Después volvieron los borbones con Alfonso XII, hijo de Isabel II, se instauró el turno pacífico entre los partidos conservador y liberal y estuvimos un tiempo de Canóvas a Sagasta y viceversa. Era una democracia parlamentaria de inspiración británica pero muy imperfecta porque el asunto consistía en que cada vez que se acordaba el cambio de partido se destituía al Presidente del Consejo, se nombraba al del partido contrario que con manejos electorales hacía cambiar el signo político del parlamento. El sistema continuó más o menos igual con Alfonso XIII hasta la Dictadura de Primo de Rivera y cuando ésta cayó el régimen monárquico presentaba síntomas de agotamiento y sin un claro proyecto de renovación. El nombramiento del General Berenguer a la caída de Primo de Rivera (“saludado” por Ortega y Gasset con un artículo llamado “El error Berenguer” y que terminaba con la frase “delenda est monarchia”) ya atisbaba la propia debilidad del sistema, mucho más incluso que su divorcio con la ciudadanía. Tan débil efectivamente que pasó en pocos meses de ofrecer a los líderes republicanos encarcelados carteras de ministro (lo hizo Sánchez Guerra por encargo del Rey) a convocar unas elecciones municipales que pese a ganar mayoritariamente las candidaturas monárquicas su derrota en las grandes ciudades fue interpretada como un plebiscito contra la propia Monarquía que en un inaudito autogolpe entregó el poder al directorio republicano que se convirtió en Gobierno por la vía de hecho. La Segunda República ya sabemos cómo terminó, con un discurrir convulso en el que faltaron demócratas y sobraron republicanos, que lo eran tanto los de derecha como de izquierdas porque muy pocos planteaban la vuelta de la monarquía. Al final una cruenta Guerra Civil dirimió la supremacía de uno los bandos en conflicto.

 

La historia honradamente interpretada y no cuarteada a conveniencia, nos enseña muchas cosas. Una fundamental: que el futuro no está escrito y que las tesis historicistas que postulan un determinismo en el devenir de las sociedades no pasan de ser simples profecías. El curso de la historia es inescrutable y los mismos hechos no tienen por qué arrojar resultados iguales cuando el factor humano introduce un elemento de incertidumbre que está al margen de cualquier predicción o teoría psicológica. Quizá por eso Gramsci entendió que en vez de promover revoluciones había que hacer socialistas y a tal efecto convertir las ideas del socialismo en el “hegemón” de la cultura y los medios de comunicación. Controlar los vehículos a través de los cuales se crean y transmiten valores y conceptos. Un ejemplo de ello es la creencia extendida y generalmente aceptada que consiste en la eficacia del gasto público estatal como recurso para rebajar los índices de desempleo, lo que sin duda justificaría, “a priori” al menos, el intervencionismo económico y las políticas que  suelen impulsar los partidos de izquierda. Y sin embargo los datos demuestran lo contrario, el gasto público en Francia es de más del 55% del PIB, del 39% en Japón y un 38% en los EE.UU. y las tasas de paro son para Francia 9%; 2,4% en Japón y en los EE.UU. 4%, como constata el autor marxista Michael Roberts. La realidad suplantada por una idea que se ha ido insertando en el imaginario colectivo.

 

De similar manera preconcebida ha quedado asociado el régimen republicano con una estadio superior de la democracia. Pero es un hecho que numerosas dictaduras y regímenes autoritarios han cursado bajo la denominación de república sin que fueran democráticos. Concretamente, el argumento de la ilegitimidad de la sucesión en la jefatura del estado basada en el hecho genético no lo sería más que los nombramientos discrecionales que hacen muchos políticos en favor de personas y cuya única condición consiste en tener la potestad legal de hacerlo. El problema del origen democrático de la monarquía no está en la continuidad basada en la sucesión que trae causa del anterior rey, sino en el hecho de que su representatividad se sustente en la decisión democrática que se plasma en un texto constitucional.

 

Si descendiendo de lo general a lo concreto comparamos al Rey Juan Carlos con líderes republicanos como Hitler o Stalin veremos que éstos no hicieron otra cosa que acaparar poder, mientras que el monarca español renunció a las omnímodas prerrogativas que se le transfirieron mediante la Ley de Sucesión aprobada por las Cortes franquistas. Por tanto el debate entre república y monarquía como un acercamiento al ideal democrático es completamente falaz. No hablamos aquí y hoy del derrocamiento de una monarquía absoluta en favor de una república democrática, sino de elegir entre un monarquía de ejecutoria democrática frente a una república…¿popular?. Porque esa sería la cuestión preliminar, qué tipo de república se quiere instaurar, precisión ineludible antes de proseguir toda discusión con el fin de de examinar dónde puede conducirnos esa hipótesis.

 

España ha conocido una época estable y de progreso en estos cuarenta últimos años. La razón de un cambio de régimen no puede obedecer a errores atribuibles a la persona que lo encarna ya que de otro modo, ¿la república que se nos propone permitirá que se plantee suprimir la institución si se da el mismo caso?. Cuando se proponen cambios sustanciales, revolucionarios podría decirse, hay que explicar con claridad el cambio que se postula. Sobre todo porque en el inicio de los hechos que están dando lugar a este debate hay distorsiones evidentes en la trascendencia de los datos conocidos. Al Rey Emérito se le exige la asunción de responsabilidades políticas y judiciales por filtraciones provenientes, según se publica, de un comisario de policía encarcelado por diferentes delitos relacionados genéricamente con actos de corrupción. Ahora bien, las informaciones de este policía han sido calificadas como un producto de las cloacas del Estado (¿) cuando han afectado a políticos de diferentes partidos que por supuesto, y en función de ello, se han negado a asumir todo tipo de responsabilidades políticas, no digamos ya jurídicas. ¿Por qué es diferente para el Rey Juan Carlos y él sí tiene que asumir las consecuencias que otros han rechazado aceptar?.

 

Siempre han existido tendencias ideológicas con marcada inclinación a derribar puertas que ni ellas saben a dónde conducen aunque creen saberlo. Ya advertía Karl Popper, “Miseria del historicismo”, que las tendencias holistas al propugnar una sustitución completa de la realidad presente, ignoran el resultado completo de dicha acción porque es imposible conocer todas las consecuencias de una concatenación de hechos o acontecimientos ya que no existen leyes históricas universales que puedan predecir el desenlace y tampoco existe el ensayo en sociología como en las ciencias naturales para reproducir el método de prueba-error. España es una democracia pacientemente consolidada en sus cuarenta años de existencia, en ella nos hemos expresado en libertad, convivido y alternado pacíficamente enfoques diversos en torno al bien común. Tal es la realidad que conocemos. La supresión de uno de nuestros pilares fundamentales, sin que haya fallado en su contenido institucional, no se hará sin un coste social cuyas derivaciones son imprevisibles. Quienes impulsan esta idea deberían considerar que pueda suceder algo inesperado por ellos. No sería la primera vez.

José María Sánchez Romera