La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la suplantación de identidad para la solicitud fraudulenta de préstamos online, una actividad que ha afectado ya a más de 300 personas y que podría alcanzar a muchas más víctimas en los próximos meses.
La operación, denominada Minority Report, se ha saldado con la detención de 12 personas —11 hombres y una mujer, de entre 19 y 42 años— a quienes se les imputan delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos, así como pertenencia a organización criminal. Nueve de los arrestados contaban con antecedentes policiales.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, junto al comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Granada, Rafael Rodríguez, ha destacado la complejidad de la investigación y ha felicitado a los agentes, especialmente al grupo encargado del caso, por sacar a la luz una trama que habría defraudado más de 400.000 euros.
Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del caso es el impacto sobre las víctimas. La mayoría de los afectados desconocía por completo que su identidad estaba siendo utilizada para solicitar créditos a su nombre. En muchos casos, las primeras señales de alarma llegaron al recibir notificaciones de préstamos que nunca habían pedido.
Gracias a la intervención policial, se pudo contactar con estas personas y orientarles sobre cómo actuar frente a las entidades financieras para cancelar los créditos fraudulentos. Esta actuación ha sido clave para evitar que tuvieran que asumir deudas que no les correspondían, minimizando así el perjuicio económico.
La investigación ha revelado que la red obtenía copias de documentos de identidad y tarjetas bancarias a través de una trabajadora de una tienda de telefonía, que vulneraba la normativa de protección de datos al fotocopiar la documentación de los clientes. Con esta información, los miembros de la organización conseguían tarjetas SIM prepago y solicitaban créditos rápidos en plataformas digitales.
El dinero obtenido se destinaba a la compra de productos como dispositivos electrónicos, patinetes eléctricos o teléfonos móviles de alta gama, que posteriormente eran revendidos. Parte de los fondos también se empleó en financiar tratamientos y operaciones estéticas para algunos integrantes del grupo.
Además, un miembro de la red, trabajador de una empresa de reparto, se encargaba de desviar los envíos para asegurar que los productos llegaran a manos de la organización.
Durante la operación se practicaron dos registros domiciliarios en los que se intervinieron más de 250 tarjetas SIM, numerosas copias de documentos de identidad y dispositivos electrónicos con miles de imágenes de documentación personal. Asimismo, los agentes localizaron una plantación con más de 260 plantas de marihuana en el interior de una vivienda.
La investigación continúa abierta, ya que no se descarta la aparición de nuevas víctimas ni la ampliación del número de detenidos. De hecho, los investigadores estiman que el número total de afectados podría superar el millar, dada la gran cantidad de datos personales intervenidos.
Todos los detenidos han sido puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión para uno de los principales responsables de la trama.
