El Ayuntamiento de Almuñécar deberá afrontar la devolución de 9.866.615,37 euros, correspondientes a las cantidades abonadas en su día por la mercantil vinculada al convenio urbanístico de Torre Galera, además de los intereses legales acumulados durante casi dos décadas. La cifra definitiva, pendiente de liquidación, podría situarse en torno a los 20 millones de euros, según la estimación municipal.
Tras el Pleno extraordinario celebrado este martes, el alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha explicado las consecuencias de la sentencia firme y las medidas adoptadas para hacer frente a su impacto económico. Entre ellas se encuentra la adhesión al Fondo de Ordenación para 2027 y la aprobación de un Plan de Ajuste.
El Gobierno municipal también ha anunciado que estudiará las vías legales disponibles para exigir responsabilidades, si procede, a quienes pudieran resultar responsables de las actuaciones que dieron origen al perjuicio económico.
Un convenio vinculado a la revisión del PGOU
El origen del procedimiento se encuentra en el convenio urbanístico mixto de planeamiento y gestión firmado el 14 de noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Almuñécar, representado entonces por el alcalde Juan Carlos Benavides Yanguas, y la mercantil INONSA S.L., posteriormente absorbida por Inmobiliaria Osuna S.L.
El acuerdo afectaba a las parcelas R1-A, R1-B y R1-C del ámbito de La Galera y estaba vinculado a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que se tramitaba entonces.
El convenio contemplaba un incremento de la edificabilidad de 56.942,08 metros cuadrados de techo, pasando de los 48.630 metros cuadrados previstos inicialmente a más de 105.000 metros cuadrados. Esto suponía un aumento del 117% respecto a la edificabilidad establecida por el Plan Parcial P-1 La Galera.
La mitad de ese incremento, 28.471,04 metros cuadrados de techo, correspondía al Ayuntamiento como participación de la comunidad en las plusvalías generadas. La mercantil se comprometía a adquirir ese aprovechamiento por 14.875.049,58 euros, además de contemplarse la cesión de suelo municipal.
De esa cantidad se realizaron dos pagos: 4.858.181,17 euros el 14 de noviembre de 2005 y 5.008.434,20 euros el 14 de febrero de 2007, que suman los 9.866.615,37 euros cuya devolución se reclama ahora.
El tercer pago, de 5.008.434,20 euros, quedó condicionado a la aprobación definitiva del PGOU, circunstancia que finalmente no se produjo. El propio convenio establecía que, si el planeamiento no se aprobaba en los términos previstos, el Ayuntamiento debía devolver las cantidades entregadas junto con los intereses legales correspondientes hasta su devolución efectiva.
Una devolución que podría alcanzar los 20 millones
La sentencia obliga a devolver el principal abonado, al que se añaden los intereses legales acumulados durante prácticamente veinte años. La estimación municipal sitúa actualmente el importe total en torno a los 20 millones de euros, aunque la cantidad definitiva dependerá de la liquidación que corresponda realizar.
El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento recurrió la resolución judicial mediante apelación y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo. Ambos recursos no han prosperado y la inadmisión del recurso de casación ha convertido la resolución en firme.
La dimensión económica de la sentencia tendrá una incidencia extraordinaria sobre las cuentas municipales. El Consistorio deberá afrontar la devolución de unas cantidades que, según ha explicado el Gobierno local, fueron destinadas en su momento a actuaciones e infraestructuras municipales.
Estudio de posibles responsabilidades
El alcalde ha anunciado que los servicios jurídicos municipales estudiarán todas las vías legales disponibles, incluida la posibilidad de ejercer una acción de repetición. Esta figura jurídica permitiría reclamar, si concurren los requisitos establecidos por la ley, a quienes pudieran resultar responsables del perjuicio económico ocasionado al Ayuntamiento. El acuerdo municipal contempla analizar si existen fundamentos legales para ejercitar acciones contra cargos electos o personal técnico que suscribieron o informaron favorablemente el convenio.
Ruiz Joya ha insistido en que la determinación de posibles responsabilidades deberá realizarse con arreglo a la ley y mediante los procedimientos correspondientes. “Corresponde a los servicios jurídicos determinar si existen responsabilidades, contra quién y hasta dónde podrían llegar”, ha señalado. El Gobierno municipal sostiene que el objetivo es agotar las vías legales para evitar que el perjuicio económico recaiga exclusivamente sobre las arcas municipales, siempre que existan fundamentos jurídicos para ello.
Fondo de Ordenación y Plan de Ajuste
El Pleno extraordinario ha aprobado la adhesión al Fondo de Ordenación para el ejercicio 2027 y el Plan de Ajuste, instrumentos destinados a facilitar la gestión de las obligaciones económicas del Ayuntamiento y a afrontar las consecuencias presupuestarias de la sentencia.
El Gobierno local ha señalado que estas medidas pretenden compatibilizar el cumplimiento de la obligación judicial con el mantenimiento de los servicios públicos, las inversiones y la actividad municipal.
La sentencia, según ha indicado el alcalde, no supondrá la paralización de la acción de gobierno. El Ayuntamiento prevé continuar con las actuaciones previstas en Almuñécar y La Herradura, aunque deberá adaptar su planificación económica al impacto de la devolución.
La prioridad municipal será, según Ruiz Joya, minimizar la repercusión sobre las cuentas públicas y garantizar la continuidad de los servicios e inversiones, al tiempo que se analizan las posibles responsabilidades derivadas del convenio urbanístico.
