Uno de los mayores males para concebir la economía y tratar de entenderla es llamarla ciencia. Si por ésta entendemos la formulación de hipótesis y teorías en base a un método científico, la comprobación “a priori” de la idoneidad de aquellas resulta imposible, salvo que las sociedades se conviertan en réplicas de laboratorios destinadas a comprobar la validez de los ensayos (y ya sabemos el triste destino de las cobayas). Los nombres anticipan la mayor de las veces la esencia de las cosas y de las ideas. El socialismo en sus reiterados juegos del hambre ha sido aficionado a estas probaturas y en su aplicación se ha ido viendo cómo los intentos de obtener esos objetivos ideales han ido fracasando para concluir de modo sistemático en la imposición totalitaria de sus decisiones y en la manipulación de sus verdaderos resultados. La construcción fundante del socialismo aplicado, la obra de Marx, se llamó a sí misma científica, pero en realidad no fue, y no es, más que una fantasía utópica que pasaba por una revolución antropológica en virtud de la cual los seres humanos dueños ya de los medios de producción que les proveerían de todo (sin explicar cómo) dejarían de lado sus ambiciones, egoísmo o, sencillamente, el afán por mejorar y superarse. Resulta sorprendente que semejante superchería, por bien elaborada que estuviera, haya tenido tanto éxito y seducido a las más poderosas inteligencias contemporáneas, pero es precisamente nuestra inexorable naturaleza (como la soberbia o la compasión) la explicación de ello. Ahí anida la tentación de las mentes más brillantes confiadas en la superioridad de su inteligencia por salvar al hombre de sí mismo.
La verdad es que tales teorías fueron rápidamente desmontadas con argumentos que ya anunciaban su fracaso, sin embargo, éstos han sido sistemáticamente silenciados por una eficaz propaganda filtrada sin descanso por los medios de comunicación, lo cuales, en su mayoría (algunos conservadores y toda la izquierda), creen que la economía es un mecano y no un ecosistema con dinámicas propias cuya suplantación política sólo trae más pronto que tarde efectos nocivos. De ahí que todas las intervenciones que se llevan a cabo para someter los resultados económicos a los designios políticos conduzcan al fracaso que constatan unos resultados contrarios a los pretendidos. La explicación es relativamente simple: los agentes económicos adoptan decisiones económicas, los agentes políticos toman decisiones políticas. Aunque en un primer momento la planificación responda a objetivos que tiendan a un mejor uso de los recursos, y el uso alternativo de los mismos, las decisiones posteriores para corregir los imprevistos de la planificación son políticas y la política es el juego del poder, ante lo que todo lo demás debe claudicar.
Si observamos la realidad podemos comprobar que una importante y casi mayoritaria porción de la sociedad es partidaria del control económico por el poder público. La paradoja es que toda esa gente en su vida diaria hace lo contrario, actúa en su propio interés para solucionar sus problemas, lo más natural por otra parte, aunque esto no tendría por qué ser así teniendo en cuenta que existe libertad para asociarse y recrear de modo voluntario esos modelos teorizados que deberían satisfacer las necesidades del colectivo sin diferencias ni desigualdades. El que esto no se lleve a cabo sin coerción y sólo se haya ensayado de arriba abajo e impuesto desde el poder delata el artificio encerrado en esas fórmulas. Si la economía es la búsqueda de los sistemas más eficientes para crear la mayor riqueza posible, es muy poco científico decantarse por el que más notoriamente dificulta su creación. Eso quizás explique esas delirantes formulaciones recientes en favor del decrecimiento que denotan un conocimiento sobre lo que puede esperarse de una economía planificada en imposible competencia en ese campo con la que apuesta por la libertad.
El seguramente aburrido exordio expuesto hasta ahora viene a cuento, al menos esa es la intención, para proyectar sobre nuestra actualidad esas reflexiones sobre el asunto del llamado “dumping” con el que se denomina la política fiscal de la Comunidad de Madrid. Como se dijo al principio, los nombres ya prefiguran lo que se busca y la impropiedad en el uso de la palabra “dumping” señala su objetivo: engañar. Este anglicismo, que viene a significar la venta en el mercado de productos por debajo de su coste para hundir a la competencia, es lo más contrario a los efectos de la fiscalidad de Madrid que presenta tal superávit que consigue sufragar una gran parte del gasto de otras comunidades, lo contrario de los efectos perniciosos que se le atribuyen. El verdadero “dumping fiscal” son los costes que tiene el sostenimiento un Estado de despilfarro sostenido a base de deuda pública y presión fiscal porque se oculta el coste real que tiene para los contribuyentes y exhibe al tiempo una falsa sensación de solvencia en las cuentas públicas. Aportar a un fondo común no es arruinar a sus receptores, se diría que es lo contrario: una consecuencia bastante “socialista” del sistema.
Es conocido, prescindiendo de la curva de Laffer y otras especulaciones más o menos demostrables, que el aumento de la presión fiscal y una mayor recaudación son un binomio inestable que suele preceder al fracaso de la planificación, algo que por supuesto no ignoran quienes propugnan limitar la autonomía fiscal de las comunidades con la vista puesta en Madrid, una decisión que nada tiene que ver con la economía y todo con el control del poder. En esta cuestión convergen la conveniencia del nacionalismo, la necesidad política del Gobierno y una intransigencia ideológica que no puede tolerar sin quedar en evidencia un sistema que funciona y desafía con sus efectos tantos prejuicios errados. Cataluña es la región más endeudada de España y la que tiene los impuestos más altos, lo que aconsejaría un cambio de rumbo, por el contrario, para salir de su anemia el nacionalismo y la izquierda exhiben su particular visión de la solidaridad con las regiones menos favorecidas quedándose con toda la recaudación, monto inseparable de una potente actividad comercial en toda España a través de sus empresas, y pidiendo que las demás pongan lo que a ellos les falte subiendo los impuestos que ya pagan. Y eso se quiere hacer pasar como un problema que crea la Comunidad de Madrid al resto de España mediante una supuesta competencia fraudulenta causada por su política tributaria. Todo por solventar los problemas políticos que el inestable Gobierno Central tiene para mantenerse en pie, una certeza que no pueden ocultar ni la impostada adustez profesoral del Sr. Illa, ni el absurdo lógico que supone defender que debilita la financiación autonómica quien aporta la mayoría de los recursos que genera. No es economía, es política y no precisamente de la buena.
