El PSOE de Almuñécar y La Herradura ha valorado la situación económica derivada de la sentencia firme relacionada con el convenio urbanístico de Torre Galera, que obliga al Ayuntamiento a devolver los 9.866.615 euros recibidos de la promotora, más los intereses legales acumulados durante casi dos décadas. Según los socialistas, el importe total de la obligación podría alcanzar los 20 millones de euros.
El convenio estaba vinculado a una revisión del PGOU que nunca llegó a obtener la aprobación definitiva. Para el candidato socialista a la Alcaldía, Josué Díaz, el caso debe servir para revisar una forma de gestionar el urbanismo que, a su juicio, ha estado marcada durante décadas por decisiones a corto plazo, enfrentamientos políticos y proyectos de planeamiento que no han llegado a culminarse.
“A estas alturas importa mucho menos saber quién consigue colocar toda la culpa al adversario que explicar cómo hemos llegado hasta aquí y garantizar que no vuelva a repetirse”, ha señalado Díaz. “Los gobiernos pasan, pero las decisiones permanecen. Y cuando se gobierna pensando en la siguiente elección y no en los próximos veinte años, las consecuencias terminan pagándolas los vecinos. La negligencia de unos y otros la pagaremos los ciudadanos, con una deuda que se extenderá hasta 2039”.
El origen del convenio y el recorrido judicial
Los socialistas sitúan el origen del problema en el convenio firmado durante el mandato de Juan Carlos Benavides y recuerdan que Convergencia Andaluza y el PP respaldaron en 2007 la aprobación provisional del PGOU al que estaban vinculados numerosos convenios urbanísticos, entre ellos el de Torre Galera. El PSOE añade que Juan José Ruiz Joya ya formaba parte de la estructura local del PP.
El partido asegura que cuestionó entonces la viabilidad de aquel planeamiento y que su portavoz municipal, Rocío Palacios, advirtió públicamente de los riesgos económicos derivados de anticipar ingresos vinculados a desarrollos urbanísticos cuya aprobación definitiva no estaba garantizada.
Posteriormente, en 2015, ya como concejal de la corporación municipal y formando parte del equipo de gobierno del PP, Ruiz Joya denunció el convenio de Torre Galera. Según Díaz, aquella decisión no tuvo suficientemente en cuenta las consecuencias económicas de retrasar la devolución de las cantidades abonadas por la promotora.
“En aquel momento, aquella decisión de acudir a los tribunales nos costó 10 millones de euros adicionales a los almuñequeros y herradureños, por los intereses y las costas judiciales”, ha declarado el candidato socialista.
Díaz considera, no obstante, que convertir ahora el caso en otra batalla entre el PP y Convergencia Andaluza supondría repetir uno de los errores que, según el PSOE, han contribuido a llegar a la situación actual.
“Unos impulsaron aquellos convenios, otros respaldaron en momentos decisivos aquel planeamiento y, después, las mayorías políticas cambiaron, los planes se paralizaron o se sustituyeron y comenzaron los pleitos. Casi veinte años después, quienes reciben la factura son los vecinos de Almuñécar y La Herradura”, ha explicado.
Para el candidato socialista, Torre Galera debe abrir una reflexión sobre la gestión municipal. “No podemos seguir gobernando una ciudad pensando únicamente en resolver las urgencias electorales de un partido o las estrategias de desgaste contra el adversario político. Administrar un Ayuntamiento exige medir las consecuencias económicas, jurídicas y territoriales de las decisiones a diez, quince o veinte años vista”.
“Entre unos y otros, la casa sin barrer”
El PSOE considera que el caso Torre Galera tampoco puede separarse de la historia reciente del planeamiento urbanístico de Almuñécar. El PGOU que continúa sirviendo de referencia fue aprobado en 1987 y, desde entonces, se han sucedido, según el partido, hasta tres intentos fallidos de revisión y redacción de un nuevo planeamiento general.
“Entre unos y otros, la casa sin barrer”, ha resumido Díaz. “Llevamos décadas hablando del nuevo PGOU. Hemos visto documentos que se anuncian, se aprueban inicialmente, se modifican, se paralizan, se abandonan o vuelven a aparecer años después, siempre cuando toca campaña electoral. Mientras los partidos discutían sobre el plan de unos y el plan de otros, Almuñécar y La Herradura han llegado a 2026 dependiendo todavía de un planeamiento nacido hace casi cuarenta años”.
Los socialistas consideran que esta situación refleja “una irresponsabilidad política acumulada durante demasiados años” y reclaman abandonar la lógica por la que cada gobierno intenta imponer su propio modelo para que el siguiente lo paralice y vuelva a iniciar el procedimiento.
“Necesitamos menos batalla política, más planificación y un compromiso común: que en las grandes decisiones de ciudad el interés de Almuñécar y La Herradura esté siempre por encima de las siglas”, ha afirmado Díaz.
Proteger los servicios municipales
La consecuencia inmediata de Torre Galera será también económica. El Ayuntamiento ha aprobado su adhesión al Fondo de Ordenación y un Plan de Ajuste que se extenderá entre 2027 y 2039 para hacer frente a las obligaciones derivadas de la sentencia.
Por este motivo, los socialistas consideran prioritario que el gobierno municipal explique con claridad el impacto real del Plan de Ajuste sobre las cuentas municipales y garantice que su aplicación no recaiga sobre los servicios públicos, las políticas sociales, las asociaciones, el deporte, la cultura, el mantenimiento de los barrios o las inversiones necesarias para Almuñécar y La Herradura.
El PSOE recuerda asimismo que existe otra resolución judicial relativa a los honorarios del anterior despacho jurídico Rafael Revelles Abogados, que reconoció el derecho a percibir 2.766.316,74 euros más IVA e intereses legales. Los socialistas reclaman que esta obligación también se explique con transparencia dentro de la situación financiera municipal.
Díaz ha concluido que “Torre Galera debería marcar el final de una determinada forma de entender la política urbanística en nuestro municipio”.
“Cuidar Almuñécar también significa cuidar sus cuentas, su territorio y sus instituciones. No se trata solamente de hacer cosas durante cuatro años para poder enseñarlas antes de unas elecciones. Gobernar es también tener la responsabilidad de no dejar una factura a quienes vengan dentro de diez o veinte años”, ha finalizado.
