«Europa», el Poder Judicial y un imposible / José María Sánchez Romera

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En el doloroso y aún no concluido parto de renovación del Consejo General del Poder Judicial se han usado indistintamente las hipóstasis, los equívocos y los imposibles ideológicos, de tal forma que la cuestión principal es justamente, aquí ese adverbio cumple una función irónica, la que ha quedado irresuelta. ¿Alguien ha oído hablar de mejorar los medios de la justicia para resolver las cuestiones que se le someten o de algún plan para desatascar los miles de procedimientos que descansan insepultos en los anaqueles de los juzgados? Pues eso.

Pero vayamos por orden y empecemos por denunciar las hipóstasis, que son la fase alfa de todo el asunto. El uso del término Europa como algo dotado de voluntad que decide sobre lo que está bien o está mal raya en lo pueril. Europa como entidad decisoria o arbitral no existe, existen las Sra. Von der Layen, el Sr. Pierre Michel o, más propiamente, el Comisario del asunto, el Sr. Reynders y, en última instancia, la Sra. Jourova, como madrina de la última fase del pacto, “e tutti quanti” de esa otra abstracción llamada “Bruselas”, en la que no vamos a perdernos por economía expositiva. Con esa Europa presentada a ratos como madre, a ratos como madrastra, se infantiliza al ciudadano buscando desvincular a las decisiones tomadas por los dirigentes políticos de la cruda manifestación del poder que ejercen. Europa no decide, deciden los que mandan, sobre todo si manejan directa o indirectamente la caja de caudales de la que dependen unos estados con mastodónticas deudas públicas. De igual modo el poder judicial, éste quizá con algo más de precisión terminológica puesto que al fin y al cabo se reconoce como poder, no es la justicia, ni son los tribunales que la imparten, es la pretendida tercera pata del trípode del poder en el sistema liberal al que se aspira a controlar, con más o menos intensidad, para convertirlo en el Jordán donde se limpia cualquier pecado de ilegalidad.

Los equívocos han venido por el lado del Gobierno apelando al cumplimiento de la Constitución como justificación de la necesidad de renovar el Consejo cuando en realidad es una tarea que está encomendada a las Cámaras. Para mayor confusión los grupos políticos que con más virulencia exigían renovar el Consejo haciendo de las leyes vehículos de su conveniencia para alterar las mayorías parlamentarias a fin de copar la institución y ponerla a trabajar para sus intereses, son los mismos que piden hacer tabla rasa con la Constitución. Los que denuncian el lawfare lo que postulan en realidad es el suyo propio, éste de verdad, aspirando a poner la judicatura en formación de combate a su favor. Está claro que en lo último que se ha pensado es en un correcto funcionamiento de la justicia al servicio del contribuyente, como demuestra la limitación de la capacidad del Consejo para hacer nombramientos llevando las más altas instancias al límite del colapso. La renovación del Consejo nunca ha pasado de ser un asunto de lucha por mayores espacios de poder en el que esa incierta mayoría parlamentaria que permitió la formación del Gobierno aspiraba a controlar la judicatura con nombramientos que se supone deberían serles propicios. La resistencia de la oposición a seguir perdiendo terreno en las instancias de equilibrio y contrapoderes a los del Gobierno no podía ser más comprensible.

Ya en el terreno de los imposibles hay que entender que las tendencias ideológicas hacen de las posturas de cada uno algo similar a lo instintivo, tendencias “innatas” que juegan un rol decisivo ante cada cuestión política, incluida la organización de la justicia. Sin negar las tendencias intervencionistas de todos los partidos y de las patologías socializantes que de forma más o menos consciente afectan a todos en distinta medida, es innegable que la nueva izquierda es más intervencionista que la izquierda clásica (la declinante socialdemocracia en triste vía de extinción) y por supuesto mucho más que la derecha, manifestando, digámoslo así, su naturaleza más extrema. Su concepto de Estado es más de totalidad, como un reloj en el que cada pieza debe estar orientada al fin de que las manecillas giren regularmente con una finalidad innegociable que es dar la hora. Lo contrario es darwinismo social, individualismo egoísta y la sociedad del sálvese quien pueda, algo que repele la sensibilidad del socialismo inspirado en el identitarismo y en unas minorías virtuosas, que no cree en la cooperación voluntaria de las personas, sino que considera que todos los resortes coactivos del poder deben ponerse al servicio de objetivos como la redistribución y la igualación no sólo de oportunidades sino también de resultados. Si tales objetivos se consiguen no es la cuestión que nos interesa ahora, como tampoco en qué medida afecta todo ello a las libertades fundamentales. Por eso una justicia completamente independiente como es concebida por el sistema liberal para esa izquierda constituye una anomalía que es contraria a sus esquemas ideológicos, especialmente la igualdad ante la ley, que considera injusta porque se parte de situaciones desiguales que el poder tiene que corregir a base de incesantes intervenciones “ad hoc”. El progresismo como antítesis de la progresividad de los procesos evolutivos. Dentro de esta visión el poder judicial no encuentra otra razón de ser útil que la de dar otorgar una apariencia de formalidad legal a esas actuaciones, lo que por cierto no es que todavía no ocurra, ya está ocurriendo.

Por eso se trata de un asunto endemoniado, chocan dos concepciones tan alejadas que ni esa tal “Europa” ha podido hacer mucho más que buenos oficios, cuando además uno de los “duelistas” forma parte de la oligarquía que ha conformado en nuevo gobierno de la Unión, para un compromiso que no ha tardado ni veinticuatro horas en empezar a hacer aguas. La política es las más de las veces una idea equivocada de lo que es posible.

 

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