Podemos anticipar en gran medida el éxito que puede esperarse en la legalización exprés de inmigrantes irregulares decretada por el Gobierno con las imágenes tercermundistas de las colas formadas junto a las oficinas habilitadas para presentar la documentación por parte de los solicitantes. Sacarlos del Tercer Mundo para devolverlos allí mediante reproducciones a escala de aquello de lo que se supone que huyen se convierte en denuncia y prueba de la improvisación con que se ha impulsado esta medida y su carácter exclusivamente político. No existía ningún plan ni nada previsto para ordenar el proceso, todo ha sido fruto de necesidades ajenas a la propia regularización con el fin de orientar el debate público en una dirección conveniente al Gobierno como medio de solapar otras cuestiones que desgastan su imagen. No se sabe con certeza a cuánta gente se va a regularizar finalmente, los criterios o requisitos para ello cambian en función del estado de la polémica y todo ello conduce a una discrecionalidad que en última instancia agravará el problema que supuestamente quería resolverse. A lo anterior se añade que cuando los resultados de una decisión no recaen directamente sobre quien la adopta e incluso puede reportarle beneficios en el corto plazo, los riesgos inherentes a la acción se ignoran.
Sin embargo, antes de avanzar sobre el fondo de este asunto tan intrincado por las implicaciones de todo orden que tiene, se hace preciso desbrozar una maleza semántica que trata de asentar una serie de ideas con las que deslegitimar cualquier debate por más racional y lógico que sea su planteamiento. El uso de forma continuada y repetitiva de términos como justicia, dignidad, equidad y otros parecidos para justificar el proceso de regularización de inmigrantes ilegales ha pretendido circunscribir toda discusión a una emocionalidad primaria. A eso es preciso añadir que el empleo de dichos conceptos, de por sí bastante abstractos, están muy alejados de su uso propio tanto en sentido gramatical como en cuanto al significado comúnmente compartido en función del devenir histórico de dichas palabras. En el caso, es el que se ha empleado con más insistencia, del término “justicia” o “acto de justicia”, se pasa de una circunstancia objetiva, la condición de inmigrante, a otra subjetiva, la injusticia de su situación (sin referirla a qué o a quién, sin lo cual al carecer de contraste se convierte en un sinsentido). Si decimos que se hace justicia tiene forzosamente que haber una injusticia y si es así hay que determinar de qué injusticia se trata y quién la ha generado para que se concluya que la reparación es obligada para el causante. La resolución de estos interrogantes no puede pasar por alto el examen de la existencia de actos deliberado que hayas puesto a cada inmigrante, y aquí ya se puede ver que su consideración como grupo es una falacia, en una determinada situación, porque la injusticia no es compatible con eventos que son consecuencia del azar, como, por ejemplo, el país donde se nace y las circunstancias socioeconómicas del mismo. La conclusión lógica es que no puede considerarse la regularización de un inmigrante ilegal un acto de justicia si no puede identificarse cuál es la injusticia que ha sufrido. Por otro lado, se prescinde del análisis de las circunstancias de cada persona inmigrante de tal manera que la condición se convierte en una experiencia homogénea, niega la posibilidad de excepciones y los reduce a una identidad única como el rasgo esencial que define a todos y cada uno.
Lo anterior nos conduce de forma obligatoria a plantear la inmigración como una cuestión estrictamente moral que se suscita en el plano de lo que una sociedad civilizada que, por su sistema de valores, tiene el deber de no consentir o subsanar determinadas situaciones. No otro puede ser el planteamiento adecuado de la cuestión, acorde con los principios humanitarios (derivados de nuestra raíz cultural cristiana y su paulatina secularización, por más que esto se quiera ignorar) que son generalmente compartidos. Como consecuencia, la privación material y la miseria no nos son ajenos y está incorporada a nuestra antropología con tal fuerza que activa unos resortes morales que nuestras costumbres han convertido en reacciones casi instintivas. Ahora bien, la aceptación del estímulo ético que valida como moralmente correcto asistir a quien sufre carencias materiales impone otras consecuencias que tienen que aceptarse si se habla desde la buena fe y no se utiliza el debate para dividir la sociedad entre quienes quieren salvar a sus semejantes y quienes los abandonan a su suerte. Una de esas consecuencias es que no pueden utilizarse los motivos económicos, garantizar las pensiones futuras, sea o no cierto el argumento, ya que el ser humano, lo dijo Kant con toda razón, nunca puede ser un medio sino un fin en sí mismo. El comportamiento moral es la recompensa, el esperar otras consecuencias favorables altera la finalidad de acto y esto aboca, agotando las necesidades de coherencia, a dar cabida y acoger sin restricciones entre nosotros a cualquiera de cualquier parte que se encuentre en dificultades materiales o de otro orden. No es una reducción al absurdo, es la extensión de un absurdo teniendo en cuenta que axiomáticamente los medios son siempre limitados y parece que este hecho es desconocido en el proceso que comentamos.
De ahí que, de acuerdo con los hechos que vamos conociendo durante el proceso de regularización, deba tenerse muy presente si son sostenibles los resultados de esta regularización, que tanto se pondera en el mundo progresista para otras cuestiones, en relación a los servicios públicos y prestaciones que se dicen propias del Estado de Bienestar y que en estos momentos se encuentran superados por la demanda. Más aún, tendría que haberse planteado previamente, algo imposible porque el debate ha sido hurtado, si de esa búsqueda de justicia para un grupo concreto no se derivan injusticias para otros, es decir, si está asegurado que mejorar la situación de algunos no empeora la de otros (variante de un Óptimo de Pareto). Sobra decir que esa garantía no existe, no sólo eso, es que la medida de regularización no contempla una anticipación de ese resultado, más que nada porque le resulta indiferente. Los objetivos ideológicos mezclados con los políticos se ponderan desde la perspectiva de su eficacia para mantener el poder y las ventajas de su disfrute. Perdido el poder ya puede venir el diluvio, frase atribuida a Luis XV, que efectivamente cayó sobre la cabeza de su sucesor, Luis XVI, en forma de guillotina. El tiempo no tardará mucho en despejar las dudas.
José María Sánchez Romera
