Hay asuntos de los que se debería hablar con muchísimo cuidado, incluso cuando se hace con buena intención, no digamos ya si lo que se dice obedece a la búsqueda de objetivos distintos que son los propios de la materia opinada. Los jueces y la justicia es uno de esos ámbitos en los que la responsabilidad y la prudencia debería guiar las expresiones públicas, cautela mucho más exigible a los responsables políticos. Se ha puesto además de moda constituirse en “jurista” de manera autorreferencial, un término que se tendría que reservar como un reconocimiento de méritos por terceros y no para su malversación como pretendida opinión fundamentada. Algunos más que por diablos (juristas) sí nos podemos permitir por viejos hacer valoraciones apegadas a la realidad después de décadas redactando escritos, transitando por los pasillos e interviniendo en estrados de los órganos judiciales. Jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración, funcionarios, abogados, procuradores, policía judicial y resto de operadores del ámbito de la justicia (millones de horas de trabajo no remuneradas de las que nadie se preocupa) asisten en su mayoría con asombro a la destrucción de lo que constituye el último recurso frente al poder y la arbitrariedad (pública y privada). Pese a ello son, paradójicamente, los menos escuchados, quizá porque no se espera que cooperen en frivolizar con algo que ha consumido y consume sus mejores esfuerzos.
Esa cancelación deliberada se ha plasmado de modo reciente en la reforma judicial impulsada por el Ministro de Justicia, Sr. Bolaños, que vive en una permanente fatuidad, con su “histórica” reorganización de los tribunales. En el plano operativo los cambios han consistido esencialmente en unificar el personal funcionario de los juzgados de primera instancia en un tribunal único y llamar a los jueces de primera instancia “plazas”. Histórico sin duda en lo perjudicial de los cambios y el caos provocado, desde los que se exige a los jueces perfección en sus argumentos por los mismos que banalizan graves problemas sociales con tal de escurrir el bulto de sus responsabilidades. Por supuesto, hay jueces que se equivocan, que pueden caer en la obcecación, que no usen siempre los mejores razonamientos o no tomen las mejores decisiones, nada que no sea común a todos los humanos cuando actúan, sin olvidar que se llevan a cabo miles de actuaciones judiciales lo que por su volumen implica que las posibilidades de error se incrementen. De cuestiones tan normales y evidentes se ha dado un salto cualitativo tan peligroso como partir de la mala fe de los que juzgan retorciendo la interpretación de lo que dicen o rebuscando alguna frase que sirva para dar titulares tóxicos a los medios de comunicación, media un abismo que compromete las libertades democráticas.
En este momento asistimos a una fortísima y coordinada embestida contra la justicia en razón de que sus decisiones están afectando al poder y lo que constituyen sus aledaños, una secuencia que no es nada insólita en quien tiene la capacidad de decidir sin que importe la ideología. Hemos pasado de tomar como pretexto para acceder al Gobierno una Sentencia dictada en primera instancia a considerar los tribunales como parte de una estructura golpista destinada a burlar el mandato de la soberanía popular, a pesar incluso de que el número de asientos parlamentarios desmienta ese relato. Hasta el 1 de junio de 2.018 esa fue la doctrina, ahora, desde su indiscutible autoridad moral, la representante de BILDU ha condensado hace pocos días el nuevo dogma con profecía añadida: ellos llevan décadas (lo que incluye por fuerza a sus brutales predecesores) denunciando el carácter antidemocrático de los jueces y la policía, el paso del tiempo lo ha confirmado. No dijo qué entendía ella por unos tribunales y policía democráticos, aunque cabe suponer lo peor en contraposición con lo que ha ocurrido hasta la fecha cuando jueces y policía han enjuiciado y detenido a personas de todas las orientaciones políticas. Explicado de forma más inteligible: todos los jueces que juzgan a la izquierda son de derechas, en consecuencia, sólo serían justos los jueces de izquierdas, lo que, por aplicación de sus principios, tendrían que condenar únicamente a los delincuentes de derechas, lo que, agotando el razonamiento, nos forzaría a admitir que unos prejuicios son intrínsecamente buenos y otros malos porque una de las partes así lo establece. ¿Qué tienen que hacer los jueces, ignorar determinados hechos o no leer determinados periódicos? Ningún descubrimiento, ese tipo de totalitarismo conocido como democracia popular ya está inventado.
El estado comatoso acercándose al deceso de la socialdemocracia clásica no limita sus consecuencias a la pérdida de cierta de centralidad en la aplicación de políticas sociales y económicas, sino que ha devuelto a una parte de la izquierda a la teoría de que el derecho es uno de los elementos que conforman la superestructura ideológica al servicio del capital y la reacción, esa síntesis convertida en opio del pueblo, ninguna novedad. La solución “democrática” que sugiere esta nueva izquierda que abraza el populismo punitivo parece añorar aquellos tribunales revolucionarios en los que el reo comparecía ya convicto como enemigo del pueblo desde el principio del proceso. Hay en ello una especie de ilusión epistemológica que considera demostrado que cuando alguien de ese mundo en movimiento continuo (Raymond Aron) llamado progresista (contenido en el mito de la izquierda) infringe la ley no merece ser condenado porque el proceso estará manipulado al no tomarse en consideración esa condición moral que lo eleva por encima de la ley. Partiendo de ello, en esos casos la justicia tiene que dejar a un lado el derecho positivo para sustituirlo por una decisión judicial de inspiración casi cósmica, un karma destinado no a reequilibrar el derecho infringido, sino a convertirse en excusa absolutoria del autor en función de sus principios declarando irrelevante el hecho frente a ellos.
