La amnistía como «decisión» / José María Sánchez Romera

El mundo de las ideas, el pensamiento y el de las elaboraciones abstractas difícilmente va a alcanzar ya cotas superiores a las conocidas. Los nuevos pensadores reelaboran ideas ya expuestas en función para su adaptación a las circunstancias del presente, pero pocas innovaciones revolucionarias se han producido en los últimos cincuenta años. Si acaso el nefasto movimiento posmoderno que es al pensamiento social lo que el keynesianismo fue a la economía: la sistematización de una serie de teoremas en su gran mayoría absurdos por irracionales cuyo único atractivo reside en su carácter novedoso. Ahí tenemos los casos de vigencia mantenida de la filosofía griega, las instituciones jurídicas del derecho romano o las reglas básicas de la lógica, desafiadas por el narcisismo intelectual y afán de notoriedad de algún pensador o grupo de ellos. Lo único que ya avanza en la humanidad a velocidad de vértigo es la tecnología y sólo por ahí podemos hablar de verdadero progreso, naturalmente, con sus oscuridades y peligros. Como nos enseña von Mises en su “Problemas epistemológicos de la economía”, el estudio de la acción humana no queda limitada a un tiempo determinado ya que el hombre, su naturaleza, es la misma en todas las épocas, lo único que cambia son sus objetivos. Alcanzar el poder es uno de ellos y el proceso lógico de esa acción es indiferente al paso del tiempo. Por eso recurrir a los pensadores clásicos, incluso a los más inquietantes, siempre ayuda a entender los procesos políticos para la toma del poder, más o menos cruenta u ordenada, que son casi perennes desde hace siglos en cualquier sistema político porque la estructura de la mente humana no ha cambiado y responde a los mismos incentivos, buenos o malos, para alcanzar el gobierno.

Para Carl Schmitt, jurista y pensador alemán de los años veinte y treinta y padre intelectual del llamado decisionismo, el derecho debe ser obedecido no por su contenido racional sino por haber sido sancionado por el soberano para establecer la paz y la seguridad. El problema crucial del derecho, para Schmitt, no es la validez de un sistema jurídico sino su eficacia en un determinado momento. La regla no demuestra nada, todo se vive como excepcionalidad y por eso considera el sistema de deliberación parlamentario como inútil y el liberalismo un mundo utópico de controversias morales o en competencia económica, algo que le parece “inhumano”. Es la voluntad del “soberano” (entiéndase dictador o autócrata) en directa conexión con el pueblo quien refleja esa voluntad, las cámaras legislativas lo único que hacen es cortocircuitar esa relación privilegiada, sometiendo la política a una indeseable discusión pública.

Sin embargo, no podemos caer en la complacencia o el engaño de una institucionalidad de apariencias, es decir, no basta el hecho de que exista un parlamento para concluir que ya están cumplidos todos los estándares que deben darse por supuestos en un régimen democrático, salvo que éste se considere un medio y no un fin en sí mismo. Ni tampoco el hecho de que exista un sistema que no reprima abiertamente la libertad de expresión es suficiente para darnos por satisfechos si el ejercicio de ese derecho está interferido por la manipulación de los hechos y de las opiniones por distintos mecanismos, básicamente por medios de comunicación dedicados a tales fines. Si la confección del contenido de las leyes se somete a la regla de la “discreción”, convertida en secreto de Estado para hurtar el control democrático, y las opiniones que tienen que ver con el debate político a maniobras de depuración y manipulación en sintonía con el poder, la calidad de la democracia no puede calificarse de modélica.

Esta semana hemos conocido el texto definitivo de la Ley de Amnistía a la que por fin Junts ha decidido otorgarle su imprescindible conformidad. El contenido de las reformas a la Proposición de Ley inicial ha sido conocido por sus destinatarios (los españoles) y por quienes iba a votarla, fuera a favor o en contra, sin tiempo casi ni de leer su contenido, en una aplicación torticera del Reglamento parlamentario que ha privado a la Comisión correspondiente de su función de estudio y deliberación de una norma jurídica polémica en todos los sentidos. Tan conscientes de ello están quienes la impulsan que han tenido que dedicar sus grandes esfuerzos y, sobre todo, altas dosis de propaganda a justificar la constitucionalidad de la ley, algo que debería darse por supuesto sin necesidad de proclamarlo con tanta vehemencia y que resulta equiparable a que un juez comience una sentencia aclarando de antemano que no va a prevaricar. Y así, puede decirse se ha impuesto el “decisionismo” de reducidos sanedrines políticos al mando de los partidos firmantes de la ley, bajo la más que arriesgada suposición de que eso es expresión de la soberanía nacional no salida del Parlamento, reducido a cumplir la formalidad, sino de la directa conexión del pueblo con el poder. Esto se ha hecho patente cuando se ha tenido que recurrir a la ficción de una aquiescencia social futura sobre los beneficios que reportará la ley en el perfecto conocimiento del mayoritario rechazo que actualmente provoca. El cumplimiento del trámite parlamentario reduciendo a mínimos la discusión para que no se denuncien las debilidades de esta futura ley es claramente insuficiente para la trascendencia de lo que se quiere aprobar, más aún cuando ha sido necesaria una rebuscada ingeniería jurídica que dice mucho de las incertidumbres que suscita su contenido.

En la plena conciencia de las dificultades que ha encontrado, y va a encontrar, la coalición de Gobierno, al separatismo catalán el respeto de la Constitución le trae sin cuidado, ha sido que finalmente se ha impuesto el relato político sobre la explicación abierta de los aspectos propiamente legales. El Presidente del Gobierno ya descuenta una época de prosperidad económica derivada de la Ley de Amnistía (¿) y en su comparecencia-mitin para anunciar el acuerdo con Junts, el Ministro Bolaños predijo, para no perder las buenas costumbres de la izquierda, un paraíso de convivencia y entendimiento con esa “Cataluña” que siempre se reduce al mundo independentista. Esto nos revela la escasa justificación de promover una ley muy poco relacionada con el interés público y sí con la necesidad de sumar votos en el Congreso de los Diputados para mantenerse en el poder. La desabrida portavoz de Junts desmintió al Sr. Bolaños casi al mismo tiempo que él hablaba de un futuro de armonía que por supuesto ni él mismo se cree y que convertirá en noticia del año el día en que el Notario Mayor del Reino comunique algo que sea cierto.
José María Sánchez Romera

 

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