Esta semana han ocurrido dos hechos cuya coincidencia por mero azar estadístico es forzoso descartar por imposible, mientras que por conveniencia política resulta altamente probable, prácticamente en la certeza. Dos diputados de BILDU anunciaban un acuerdo con el Gobierno para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por el nombre impuesto desde la izquierda como “ley mordaza” pese a haber sido declarada constitucional, y a la vez se conocía que los terroristas que asesinaron a Fernando Buesa habían progresado al tercer grado penitenciario por decisión administrativa de la Consejera de Justicia del País Vasco. Con no pocos motivos hay grupos de la izquierda que denuncian que los cambios de la ley son más aparentes que reales por las dilaciones en la aplicación efectiva de lo derogado, pero eso será por poco tiempo, la experiencia nos dice que el texto definitivo terminará dando la razón a las fuerzas de seguridad que denuncian una merma de la capacidad para el debido ejercicio de sus funciones y de defensa propia. Por tanto, todo parece obedecer a una mutua concesión por la que el Gobierno cumple su promesa de reforma legal (al itálico modo) y a cambio los presos de ETA con largas condenas por gravísimos crímenes van a poder ir cumpliendo sus penas en condiciones muchos más llevaderas.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana fue una promesa de la izquierda cuando estaba en la oposición con más elementos propagandísticos que reales y profusión de eslóganes muy por encima de las objeciones de fondo a su contenido. Se puede discutir mucho sobre los medios que hay que poner a disposición de la policía para mantener el orden público, pero el principio de proporcionalidad siempre ha sido una guía razonable en función de las circunstancias y en general es lo que se ha venido aplicando. En particular, mucho se ha dicho sobre las famosas pelotas de goma, si bien su utilización no digamos siempre, pero casi siempre, ha sido en circunstancias de graves desórdenes y lo que parece que sus detractores se niegan a considerar es que la alternativa ante los disturbios practicados con tácticas de guerrilla urbana obligará a los agentes a tratar de controlar el orden público en acciones cuerpo a cuerpo con grave riesgo de su integridad física al verse desbordados en número y agresividad. Es el caso de grupos violentos que empleen medios con capacidad altamente lesiva como piedras, cócteles molotov o armas blancas. La sangrante ironía es que los deudos de la banda terrorista ETA hablen de mordazas con tantas bocas como fueron cerradas para siempre y abominen de los medios, mucho menos cruentos que la bomba o el disparo a quemarropa, que debe tener el estado de derecho para mantener la paz pública cuando es gravemente alterada. Puede que estemos en una fase superior de la posverdad y la continua relativización de lo fáctico haya conferido a la mentira el estatus definitivo de verdad.
Hace pocos días un tertuliano que siempre defiende las posiciones del Gobierno defendía en un estado próximo a la indignación que BILDU no era ETA. En el plano estrictamente material tenía razón porque BILDU no mata, en el orden de la perfecta afinidad de ambos y de sus recursos humanos donde se ha pasado de un grupo a otro con absoluta normalidad su enojo era mero artificio. Es cierto que en la mayoría de procesos de pacificación en conflictos con trasfondo político es forzado hacer borrón y cuenta nueva pese a los desgarros individuales y sociales que se hayan podido causar. Es casi paradigmático el proceso irlandés que tuvo lugar en los años ´20 del siglo pasado donde la actividad terrorista del independentismo dejó una secuela sangrienta a la que respondió también con dureza el Gobierno británico, que, al final, tuvo que aceptar una fórmula de independencia (un estado libre asociado) y replegar sus fuerzas de suelo irlandés, excepción hecho de la zona Norte debido a la mayoría protestante. Los antiguos terroristas se convirtieron en gobernantes, pero como la violencia causa estado, tardaron muy poco en iniciar una guerra civil para hacer su catarsis interna, habituados como estaban a esa forma de resolver las diferencias. La hipótesis de un País Vasco independiente no puede sin más eliminar una lucha de incierto nivel de tensión por la supremacía política del nuevo estado y todo el mundo sabe quien puede estar mejor preparado -armado- para ganar.
La situación española en cuanto al fenómeno terrorista del País Vasco dista mucho de tener como antecedentes homologables el caso irlandés por más que el PNV aspire desde hace mucho tiempo a una solución parecida a la del estado libre asociado. El relato compuesto a partir de la trascendencia del voto separatista de dos bandos enfrentados no resiste ser verificado con hechos porque unos mataban y otros morían, éstos sin otra reparación que las sentencias de los tribunales. Las Vascongadas era y es una región próspera, a base de tolerarles cada año que hagan con el Cupo las cuentas del Gran Capitán, y los irlandeses estaban sometidos por los británicos a un sistema casi colonial. Por eso el apoyo para la continuidad del Gobierno de los sucesores políticos de ETA plantea una grave cuestión de orden moral cuyo punto de inflexión se sitúa en intercambios que afectan a quienes vieron sus derechos más elementales vulnerados y donde la justificación del entendimiento político quiebra necesariamente. Escribió Marx que el capitalismo había convertido la mercancía en un fetiche de tal manera que su razón de ser como instrumento para cubrir las necesidades humanas se había transmutado para convertir el intercambio de dinero y bienes en entes con voluntad propia ajena a las personas que los producen. Si esa idea marxiana sirve de algo a sus actuales seguidores, por coherencia debiera, no tendrían que caer en la “fetichización” del poder, del control del Estado, a cualquier precio, porque la muerte nunca tiene un precio.
