Según la ley electoral vigente en nuestro país las campañas deben durar exactamente quince días, si bien la realidad es que empiezan en el momento de ser disueltas las cámaras y, hecha la ley hecha la trampa, los partidos políticos para no infringir las normas electorales lo que hacen es no pedir el voto de manera explícita durante el período anterior al oficial habilitado para la campaña. De ahí nace ese fraude de ley llamado “precampaña” en el que toda institucionalidad queda abolida y la neutralidad de la administración queda al albur de los escrúpulos que de su uso haga quien la dirija en cada momento. Por eso, desde el anuncio de la convocatoria de elecciones hasta su celebración el interés de los votantes se agota, el acelerón de los últimos quince días es una variante del sadismo, y, por lo mismo, en todo ese lapso de tiempo ocurren tantos imprevistos que los partidos se ven obligados a ir acompasando sus mensajes y las estrategias a los vaivenes de los acontecimientos. Pero como en todo lo excesivo siempre está el germen de su superación, la falsa precampaña ha rebasado todos los límites sin que ello, como trataremos de explicar, haya sido en última instancia negativo, sino más bien lo contrario, muy clarificador por habernos conducido a conocer con suficiente anticipación lo que realmente se dilucida en los próximos comicios. Tal y como le dijeron una vez a Clinton, “es la economía, estúpido”, el punto esencial de lo que se va a decidir porque en ello van insertas el resto de las cuestiones socialmente relevantes.
En términos hitchcockianos, hasta el momento, y parece poco previsible que vaya a cambiar, las propuestas que salen desde el Gobierno y sus prolongaciones han sido una sucesión de mcguffins: “Maricarmen”, el amor (“el poder más poderoso” en opinión del defenestrado Puente), pasando por mantenerse firme en el timón de la nave frente a la adversidad (Urda), hasta la exaltación del acto dimisionario como acto de dignidad suprema (mientras que, igualitaristas convencidos, claman que no somos todos iguales). “Maricarmen” fue obligada a morir por segunda vez al dejar de ser útil para la propaganda, el amor no podía funcionar más que como revulsivo de urgencia para levantar los ánimos y la dignidad, sin un solo ministro que haya visitado a los familiares de las víctimas, sólo funciona en el fervor de los mítines a donde no van más que los convencidos. Pero, independientemente de cómo se formule, la idea-fuerza no es otra que si se forma de nuevo un gobierno progresista primará lo público y con ello una promesa de protección absoluta a los más vulnerables. El mensaje tiene no pocos problemas de lógica interna después de ocho años gobernando en “progresista”, aunque esa disonancia siempre puede salvarse acusando al capitalismo y a los ricos de las privaciones que sufren quienes viven en dificultades, incluso cuando éstas aumentan con las decisiones de quienes dicen velar de forma prioritaria por sus intereses.
Visto en su conjunto el bloque ideológico de la izquierda ha ido radicalizando sus posiciones en materia económica, las morales se han dejado de momento para descalificar al adversario ahorrando esfuerzos, hasta el punto de llegar a tener como referente de excelencia de lo público a la Unión Soviética (Ministro Bustinduy, ¿recordando Chernóbil?) o bien, la sutil propuesta de “freír a impuestos a los ricos” (Irene Montero) que es una fórmula eufemística de llamarlos ladrones. Dado que no se les puede condenar por robo, la vía tributaria permite disimular que sus bienes van a ser tratados en última instancia como el botín de un atraco, aptos por tanto para la confiscación. En ese discurso van confluyendo propuestas de intervención, controles, sanciones y prohibiciones que pongan en manos del Estado todas las capacidades imaginables para constreñir las libertades personales (primer estrato de las políticas) para que la riqueza pase de ser un mal en manos privadas a un bien si es manejada por el poder político. El beneficio queda negativamente asociado al rendimiento obtenido por el emprendimiento o el capital, ignorando, algo de teoría económica elemental, que el salario, también y muy señaladamente el de la Sra. Montero, es un beneficio y que por tanto su categorización no viene determinada por su génesis, sino en cuanto mejora la situación previa de quien lo percibe. Lo más llamativo es que tan desesperada exaltación de la titularidad y gestión pública de bienes y servicios, muchos de los cuales ya están en manos del Estado (la red ferroviaria a la que se quiere tras hundirla, por ejemplo), se produce como reacción a fallos recurrentes de sectores en manos del Estado, lo que entraña una visión ideológica estrábica que se reclama blindada ante los hechos por más que desmientan de la forma más trágica sus prejuicios. Los fallos del sistema no lo cuestionan, lo consolidan y reclaman su expansión, de la misma forma que en Francia se quiere mejorar la situación reclamando la expansión del gasto público que ya tiene arruinada la nación bajo el impulso del vandalismo y el pillaje. Es importante recordar que el dominio estatal de la economía es el preludio del control social total, así comienzan todos los regímenes totalitarios, porque sin propiedad privada verdaderamente libre no queda más que la dependencia y ésta implica de forma ineludible obedecer.
Como alternativa queda votar por quien concibe el Estado como un complemento de la libertad del individuo, suple aquello que una organización estructurada llevar a cabo, no siempre y no necesariamente, más eficaz que la dispersión de esfuerzos. Hay materias que la experiencia histórica demuestra que son más susceptibles de ser centralizadas y optimizadas en función de sus características (policía, ejército, tribunales, por un lado, y enseñanza y sanidad por otro, éstas mediante la asignación recursos que propendan, sin monopolio público, a su universalización). Para sintetizar esa idea la descripción que Michael Oakeshott (“Qué es ser conservador”) ofrece puede ser de utilidad: “La función del gobierno no consiste en imponer otras creencias y actividades a sus súbditos…, ni hacerlos mejor o más felices en otra forma…no somos niños in statu pupillari sino adultos que no se consideran obligados a justificar sus preferencias para efectuar sus propias decisiones…está fuera de la experiencia humana el suponer que quienes gobiernan están dotados de una sabiduría superior…”. Un razonamiento sencillo y fácil de entender por cualquiera, salvo para quienes tienen por objetivo ocupar el poder todo el tiempo y sin ningún límite fingiéndose poseedores del conocimiento necesario para decidir en qué consiste el bien común, ese callejón sin otra salida que el socialismo y que no deja de ser otro mcguffin.
José María Sánchez Romera
