Las lecciones de Koldo / José María Sánchez Romera

Cuanto mayor es el normativismo que se impone a los ciudadanos mayor es la discrecionalidad con la que actúa el Estado ya que por lógica las sucesivas restricciones a los primeros tienden a convertirse en mayores prerrogativas del segundo. Y como el que algo consigue pronto pide más, por ejemplo una ley de amnistía que acabe por exonerar de los más graves delitos, los gobiernos, ante la creencia de que nuestro sistema de libertades es irreversible, no han cesado de incrementar el ámbito de su influencia en las personas. La frontera entre lo público y lo privado se ha ido difuminando hasta el punto de ideologizar las instituciones como referentes de lo moralmente válido. Separamos religión y Estado para que no hubiera creencias obligatorias y ahora la religión es el Estado, de quien recibimos lecciones morales diarias en forma de leyes coercitivas, mientras incumple sistemáticamente sus compromisos más solemnes con los ciudadanos. En este contexto puede comprenderse lo que ocurrió durante la pandemia cuando el Gobierno decidió suprimir todos los resortes de control del gasto a las administraciones para liberalizar, miren por dónde aquí sí, la adjudicación de los contratos para el suministro de material sanitario. Podrá decirse entonces que se demuestra que liberalizar es malo, pues no, lo que es malo es tener tanto poder como para decidir lo que es bueno en cada momento según convenga.

En un mercado de libre competencia los precios se hubieran contenido porque los compradores de productos sanitarios no los habrían podido inflar tanto. Sin la interferencia estatal mandando el mensaje a los proveedores de que había dinero sin límite para adquirir todas esas mercancías no se habría producido esa escalada inflacionista, ni adquirido en muchos casos material defectuoso o inservible a causa de una demanda descontrolada. La inflación siempre es un asunto de los gobiernos que son los que manejan la política monetaria porque ni las empresas ni los particulares fabrican dinero, si hay exceso y suben los precios es porque se abusa de la emisión y el gasto. Al partir de la estrambótica idea que el subjetivismo del poder es más benéfico que el del individuo, se crean todos estos malentendidos que el intervencionismo utiliza para justificar sus constantes intrusiones, esas que desnaturalizan el sistema liberal y del que se sirven después para acusarlo de disfuncional.

Por eso, contrariamente a lo que pensó la izquierda, de haber sido cierta la corrupción atribuida al hermano de la Sra. Díaz Ayuso, el sistema era el que quedaba señalado, tanto o más que ella misma. Si potencialmente ello era posible se debió a la atribución en todos los niveles de la Administración de unas potestades ilimitadas para contratar de forma incontrolada. Ese binomio hermana Presidenta-hermano partícipe (como empleado de una empresa) en una de esas adjudicaciones permitió la deconstrucción de una realidad al servicio de la agitación política. Es verdad que con la inestimable ayuda de aquel Pablo Casado que, preso del síndrome de Otelo, sirvió en bandeja a los detractores de la Presidenta de Madrid un escándalo que por más que fue revisado por la Fiscalía Anticorrupción española y europea no dejó vestigio de la menor irregularidad. Casado exhibió una sombrosa ingenuidad siguiendo un rastro falso que le suministraron sus adversarios y salió por el balcón de Génova 13, no precisamente para celebrar un triunfo electoral. Con razón la izquierda ahora lo echa de menos y el Presidente del Gobierno lo utilizó en Rabat para desde allí decir que fue caso de corrupción “no investigado” (sic) que aupó a la Presidencia del PP al Sr. Feijoó. Las acusaciones marruecas del Presidente Sánchez tratando de deconstruir una verdad jurídicamente establecida nos lleva a pensar que su famoso muro no era tanto para separar a la sociedad en dos bandos políticos irreconciliables, como para negar por sistema cualquier realidad incómoda.

Se atribuye a Confucio, de forma seguramente apócrifa, la frase “antes de una venganza, primero cava dos tumbas”. La comprensible desesperación que la Oposición madrileña sufre con las arrolladoras victorias de Díaz Ayuso, los llevó a sostener una acusación de corrupción sin ningún fundamento como después se demostró. Ese intento de venganza política ahora se ha vuelto en contra de la izquierda con el llamado “caso Koldo” puesto que siguiendo sus propias exigencias pasadas ahora tendría que haber dimitido el Gobierno en bloque. Hasta su llegada al Gobierno, no bastaba con que actuara la justicia y condenara a los culpables, tenía que haber consecuencias políticas y de hecho el PP fue derribado del Gobierno no por algo que nada tenía que ver con sus decisiones, algo que sí se da en el caso destapado esta semana. Sin embargo, ahora se quiere conjurar toda responsabilidad con la rutinaria petición de que se aplique la ley “caiga quien caiga”, pero antes desde el Gobierno del PP se dijo lo mismo y no fue suficiente. Por no hablar del carácter estigmatizador de las fotos con futuros delincuentes y que tanto juego han dado hasta ahora, aunque es razonable sospechar que bastante menos en lo sucesivo. No estaría de más un ejercicio de coherencia: si las responsabilidades se depuran en los tribunales que así sea y si además tienen que exigirse responsabilidades políticas, debería ser en todos los casos. Para cinismo insufrible ya tenemos a los nacionalistas catalanes pidiendo que a ellos no se les aplique el Código Penal, pero sí a quienes les llevan la contraria (lo que por cierto a gente con lecturas, pero pasadas de sectarismo, les parece bien). Quizás al final haya que darle la razón a Rajoy cuando ante las reiteradas impertinencias de ese Fallstaff con escaño en el Congreso llamado Rufián, dijo: “Esto es lo que hay y no nos vamos a disgustar”.

 

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