Uno de los errores más extendidos en el conocimiento básico de la economía es confundir el orden de mercado con el capitalismo y a su vez entender éste con una versión obscena de riqueza y no con la frugalidad que exige ahorrar para invertir y seguir reinvirtiendo postergando los afanes consumistas inmediatos, que es la tendencia natural, en favor de una posición económica mejor a largo plazo. El capitalismo es contraintuitivo porque implica diferir el disfrute de los bienes presentes para acumularlos con unos inciertos bienes futuros de los que disfrutar conjuntamente más adelante. Es cierto que sin libre mercado el capitalismo es impensable, pero no son lo mismo, mercado ha existido siempre, el capitalismo surgió en el siglo XIX. Estas elementales precisiones son necesarias para lo que se expondrá después debido a la confusión que sobre esto genera el debate político y la simplificación que por lo general hacen los medios de comunicación, casi siempre propensos a la versión populista de los temas económicos.
También debe denunciarse otro error muy habitual sobre lo que significa el orden de mercado y que se refiere a su entendimiento como un sistema económico (un plan con el que se esperan alcanzar unos fines) y no como lo que es: un orden espontáneo donde las personas coordinan sus intereses sin un fin determinado más allá de los que negocian, sólo orientado a ponerse de acuerdo sobre sus proyectos particulares en uso de su libertad individual. Debe añadirse que, en todas las sociedades, incluidas los socialistas, existe mercado, mayor o menor, legal o ilegal, porque la satisfacción completa de las necesidades humanas no puede prestarse por una autoridad central, habitualmente encarnada por el Estado. Sostiene el lamentable premio Nobel de economía Paul Krugman que debe mitigarse “la dureza del mercado”, una expresión huera, que como lo “social” referido a lo que no deja de ser una visión ideológica de lo que es justo, o “sostenible” para el progreso económico, son las llaves falsas habitualmente usadas para justificar un mayor uso del poder coactivo del Estado.
El mercado carece de fines específicos y por tanto no busca beneficiar ni perjudicar a nadie en concreto porque las consecuencias que se generan no son deliberadas. En el mercado se buscan oportunidades, se intercambian bienes con el mutuo beneficio de obtener cada parte lo que necesitaba o quería y tiene un componente de azar, de sentido positivo o negativo, que ninguna autoridad puede controlar. Por eso el mercado no es justo ni injusto, sus resultados no son deliberados y de hecho la acción de unos puede suponer el beneficio de terceros desconocidos o proporcionar información y descubrir oportunidades que no serían posibles en un sistema organizado donde todo está estructurado hacia las soluciones que el sistema, sus dirigentes, considera deseables. Por tanto, los llamados movimientos de mercado carecen de dirección racional, no hay, por así decirlo, una mente pensante en el vértice del sistema, siendo la interacción de unos individuos con otros los que generan unas tendencias que tienen su causa en lo que unos y otros observan al actuar. Gentes que no se conocen no pueden coordinar acciones para obtener efectos deliberados de carácter general, la intencionalidad en definitiva es ajena a la dinámica del mercado.
Para quien haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí verá justificada la exposición anterior en referencia al debate sobre los pisos turísticos y su “antisocial” proliferación. Por lo general el perfil del arrendador responde a lo vamos a llamar, conforme a los antecedentes citados, “pequeños capitalistas”, la inmensa mayoría, personas que, a base de ahorro y frugalidad, han conseguido reunir el capital suficiente para adquirir una o dos viviendas con las que obtener unos modestos rendimientos económicos. Como titulares de bienes legítimamente adquiridos acuden al mercado en busca de las mejores oportunidades que éste puede ofrecerles como hace cualquiera con su capacidad laboral, con los productos que fabrica o con la cosecha de una explotación agrícola. Pero las necesidades de la política parecen exigir permanentemente chivos expiatorios con los que disimular las ineficiencias del Estado intervencionista, tanto más ineficiente cuanto más intervencionista.
Bastantes medios de comunicación, olvidando su pertenencia al mundo capitalista, no han dudado en tomar partido en esta artificial polémica, apuntándose a la tesis más demagógica mediante informaciones sesgadas con respaldo de testimonios que sin excepción cuestionan ese libre uso de la propiedad privada. Los argumentos que se esgrimen son en esencia una especie de garantía perpetua de poder residir en el mismo barrio (salvo que por conveniencia decidan irse claro, invocando su derecho a vivir donde quieran) por lo que hay que limitar los alquileres turísticos para que algunos puedan optar a alquileres más baratos eliminando la competencia que usos más rentables les puedan perjudicar. Las calles son bienes públicos y los barrios, una delimitación imprecisa, no son ninguna institución que confiera el derecho a exigir un determinado entorno social al gusto de los residentes habituales, pero esos son los planteamientos, que tampoco podrían ser mejores. En definitiva, lo que se pretende es que los intereses de unos se supediten a los de otros suyos, algo que naturalmente sería inadmisible en sentido inverso y que vendría a ser lo mismo que obligar a los comercios vender sus productos más baratos a los vecinos de la zona. Lo que se presenta como una cuestión de egoísmo de los propietarios en el uso de su propiedad es justamente lo contrario, se pretende limitar los derechos de uso cambiando súbitamente las reglas, poniendo en práctica medios que ni siquiera garantizan los efectos perseguidos y sí los perjuicios de quienes sirven de coartada a este tipo de “justicierismo” ciego. Como alguien expresó, algunos creen que si Dios estuviera tan bien informado de las cosas como ellos adoptaría las mismas decisiones.
Pese a esta última evidencia desde la política no se duda en poner en marcha las medidas más draconianas con el fin de no perder protagonismo, al menos mientras dure la bola mediática. Destaca como una de las más desaforadas la de cortar el agua de la vivienda (para provocar el desalojo de los inquilinos) si el funcionario que la inspecciona entiende que no cumple todos los requisitos legales, eliminando de forma tan expeditiva como ilegal todo derecho de defensa. Lo que no puede hacer el dueño de una vivienda “okupada” o víctima de un arrendatario dolosamente incumplidor, orígenes del problema que ahora provoca este desgarro de vestiduras, puede hacerlo la administración según el libre albedrío de sus agentes. En vez de prevenir medidas de policía y judiciales ágiles que eviten o sancionen las molestias y abusos de quienes infrinjan las leyes generales de recta conducta lo que se hace es expandir la discrecionalidad administrativa, un ejemplo sin duda de buena salud del estado de derecho.
Como ha dicho Gabriel Rufián, desde su sólida autoridad en manipulaciones de todo tipo, en este tiempo “la verdad ya importa poco”.
José María Sánchez Romera
