El año pasado el Presidente del Gobierno justificó, en su habitual balance de gestión que realiza ante los medios, la continuidad de la legislatura en la estabilidad de uno de los ejecutivos más longevos de la democracia. La equivalencia entre longevidad y estabilidad resulta ya de por sí muy cuestionable, pero si sólo nos referimos a esta última, un Gobierno que fabrica polémicas de todo orden y alcance a diario podrá ser estable en su composición, desde luego no en su gestión. La última y más sonada, con permiso de Ceuta, ha sido la llamada, “ley de nietos”, que ha levantado toda clase de sospechas sobre sus motivaciones hasta el punto de que se haya recabado el amparo del Tribunal Supremo a requerimiento de partes legitimadas para ello, no porque los jueces hayan decidido crear un proceso ex nihilo para poner al Gobierno contra las cuerdas. El Tribunal, lejos, como se propala, de ordenar la supresión del voto de los afectados por la norma, ha resuelto es que el proceso se lleve a cabo con las garantías debidas a fin de que se atenga a los términos fijados por la propia ley para que ser español no degenere en mera licencia administrativa expedida bajo demanda. El Ministro Óscar López ha denostado con ferocidad la cautela del Alto Tribunal sin necesidad de exhibir, como otros ministros, condición de jurista, demostrando con ello que los ataques anteriores a los jueces esgrimiendo una licenciatura en derecho, de escaso recorrido, no hacía más que encubrir descalificaciones como conocimiento experto.
El progresismo, una teleología falsa por no permitir saber cuáles son sus fines últimos, es una expresión que ya usaba Karl Marx en el siglo XIX cuya relación funcional con el progreso es similar a la que existe entre hablar mucho y hacer algo, lo primero no es causa suficiente de lo segundo. No obstante, respecto a la nacionalidad española es forzoso reconocer que desde aquel “son españoles los que no puede ser otra cosa”, atribuido a Cánovas del Castillo, a este “son españoles todos los descendientes de algún español”, demográficamente el progreso resulta innegable si el valor de las cosas se mide en función de su abundancia, aunque la lógica y el sentido común nos digan que el mayor valor de las cosas se mide por su escasez, lo que debería llevar a la conclusión de que regalar el voto es depreciarlo absolutamente. En el caso de España y en particular del Gobierno no puede descartarse que dada su opinión sobre el carácter polisémico del significante “masivo”, pueda considerar que dos millones y medio de expedientes de nacionalización precisen de un concienzudo análisis para, como en el caso del anunciado asalto masivo a Ceuta, disipar las dudas sobre la trascendencia cuantitativa que la millonaria cifra tiene para el censo electoral. Esto explica que al considerarse fútiles las sospechas de manipulación del censo, qué son un par de millones más de votantes, se reaccione llamando a los magistrados del Tribunal Supremo “lobos solitarios” (metáfora que se usa para describir a terroristas que actúan por su cuenta), una sutil analogía que demuestra la ausencia de malicia en cómo se pretende desde el Gobierno interpretar y aplicar la “ley de nietos”.
Porque, al margen de la retórica, los hechos son de una objetividad a prueba de sofistas, incluso si son buenos, no digamos intelectualmente desaliñados (lo más habitual). Una instrucción es el escalón más bajo de la jerarquía normativa y por tanto no puede de ninguna manera reinterpretar, extendiendo sus supuestos, los términos en los que una ley está redactada. Un exiliado político no es un emigrante económico; semejante asimilación es sencillamente imposible por más explicaciones que dé la Sra. Puente, encargada irónicamente de la Dirección General de Seguridad Jurídica, para justificar su decisión. El hecho de que según la autora de la famosa “Instrucción” al fin y al cabo sea muy poca gente del exterior la que vote, como dijo en una entrevista para disculpar el manoseo censal, contradice la furia contra todo el Gobierno se ha lanzado contra el Supremo. Más aún después de que el Grupo SUMAR pretenda incluir en una ley sobre educación la presunción de que es exiliado político todo el que salió de España entre los años 1.936 y 1.955 con la intención hecha pública de anular los efectos del proceso judicial en curso. La escasa trascendencia del proceso nacionalizador se compadece muy poco con el discurso incendiario frente a los jueces, tan bien considerados cuando emplumaban al PP, y el afán por consolidar legalmente la ficción creada por la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia. Ni el Conde de Romanones se atrevió a tanto.
Sólo se puede concluir que todo es lo que parece: un intento por revertir las tendencias electorales que las encuestas revelan. Es verdad que el resultado no tiene por qué ser el pretendido, la gente puede votar después lo que quiera, pero la ejecutoria del Presidente Sánchez en sus decisiones a lo largo de los años no invita a pensar que un desinteresado deseo por reparar mediante el voto las injusticias del exilio sea lo que mueve esta decisión. Hay dos cuestiones relacionadas con este asunto que, en otro orden de cosas, merecen atención.
El automatismo que asocia la nacionalidad con el voto significa la concesión de un derecho sin obligaciones ni consecuencias. La insistencia en esa falacia ha hecho que se den a conocer estados que con un certificado democrático impoluto limitan el derecho de sufragio activo a quienes no residen en el país. En el caso de la izquierda, donde cada contradicción tiene su afán, ese non sequitur se hace más patente porque entierra el concepto de ciudadanía, una parte de lo más depurado de su escolástica, obviando la rama más frondosa: los impuestos, una herramienta considerada imprescindible para la redistribución de la riqueza. Nada hay que excite más las descalificaciones de la izquierda que las dirigidas a quienes trasladan su residencia fiscal a países más amables con el patrimonio de sus habitantes, ahora, sin embargo, eso queda en el olvido cuando lo que interesa políticamente es propiciar una expansión incondicional del voto.
Por último, en el caso de que haya uno a varios países que cuenten con numerosos nacionales propios, los hay, que a su vez tengan derecho a voto en España, podrían verse tentados a favorecer en un sentido determinado las preferencias de los electores, o simplemente amenazar con hacerlo, con el objeto de influir sobre la orientación política de nuestro Gobierno. Así, la artificiosa reparación de una injusticia histórica puede convertirse en una dialéctica de estados real frente a la que no cabrá silbar fingiendo que la situación está controlada o, en caso de apuro, echar la culpa de todo a un modesto dirigente local como en el caso de Marruecos.
José María Sánchez Romera
