Parecemos empeñados en dejar que nuestra democracia se vaya paulatinamente por el sumidero. Entre los enemigos de la democracia liberal, que viendo lo que ocurre pronto alcanzarán el gozo del éxtasis, y quienes siendo partidarios de ella están dedicados al corto alcance de sus intereses más inmediatos, el cuadro que nos está quedando va a ser como el retrato de Dorian Grey. Lo acaecido este jueves en el Congreso de los Diputados ha constituido el estrambote a una sucesión de decisiones erróneas, generadoras de acontecimientos absurdos en el enfoque de este problema, cuyo abordaje ha discurrido entre las exigencias de la Unión Europea y los prejuicios ideológicos inspiradores de la contrarreforma laboral. El Gobierno, para no tener que reconocer que desistía de su proyecto inicial, era derogar completamente la normativa anterior, ha buscado una salida a la que ha llamado consenso social, introduciendo unos retoques legales con los que ni sindicatos ni empresarios, por razones opuestas, estaban de acuerdo.
Está ya comúnmente instalado en el lenguaje mediático que cuando gobierna la derecha el Parlamento es un “rodillo” y cuando lo hace la izquierda la dialéctica Gobierno-Oposición se traduce en “bronca”. Ambos términos tienden a significar que la derecha es autoritaria y que cuando gobierna la izquierda no se distingue la crítica fundada del simple ruido político, es “bronca”, lo cual de forma implícita deslegitima la labor de control al Gobierno ya que todo lo que se dice queda reducido a mera reyerta política. Al margen de las intenciones en el uso de esa semántica, la cuestión queda así presentada. Por eso los acontecimientos del jueves no podrán ser correctamente depurados por la opinión pública ya que la función del Parlamento está desprestigiada. Sabedores de esto, los que pueden retuercen normas y reglamentos porque lo primordial es cumplir los objetivos políticos por encima de cualquier otra consideración. Por eso será difícil que se perciba de forma clara por el ciudadano que este jueves pasado no se decidió la votación por un gol en propia meta sino porque el árbitro mintió al decir que había consultado el VAR y que la jugada era correcta. La torpeza del jugador no valida la violación del reglamento.
La idea de intervenir la economía es un sucedáneo de la plena socialización de los medios de producción y abolición de la propiedad privada. Se sustituye lo que ha fracasado de forma reiterada por una imposición parcial de la idea primitiva. Pero eso no la hace buena sino algo menos perniciosa en términos de resultados económicos y de las consecuencias que tiene para el nivel de vida de la gente. Resulta curioso constatar que sus principales impulsores nunca trabajaron, a excepción de Engels que simultaneaba sus ideas socialistas con el trabajo directivo en una empresa textil familiar (Ermer&Engels), donde no consta que tratara de aplicar sus principios. El resto de los revolucionarios, Marx, Lenin, Stalin, Zinoviev, etc., forjaron sus ideas en la especulación teórica o el activismo revolucionario, no en la experiencia, y vivieron, salvo cuando llegaron a gobernar, de las ayudas de familiares y amigos. Da perfecta cuenta del carácter puramente teórico y elitista de aquellos revolucionarios del siglo XIX, sin que se haya perdido ese hilo existencial en el perfil del agitador a lo largo de la historia del movimiento colectivista hasta nuestros días, la asociación fundada por un grupo de ellos que tenía por inmodesto nombre “Liga de los Justos”. El Gobierno británico quiso estar al tanto de las actividades del grupo y decidió infiltrar un espía. Dada la inspiración ideológica de la Liga, el intruso se disfrazó de obrero para pasar desapercibido. Fue descubierto al instante porque era el único de la reunión con aspecto de proletario.
La contrarreforma laboral, pese a las proclamas oficiales, no va a cambiar nada a mejor sino todo lo contrario, básicamente porque persiste en el error de atribuir carácter necesario a un alto grado de intervención pública pese a que sus negativos resultados se han repetido de manera inexorable. No obstante, debemos destacar previamente lo que desde la óptica de un régimen parlamentario es inaceptable. El Decreto-ley convalidado este jueves es la más acabada expresión de lo que define a un estado corporativo, que no se equipara precisamente con estado democrático. Elevar a categoría de Ley, solo formalmente aprobada por el Congreso, lo acordado entre empresarios y sindicatos con el Gobierno de mediador, es hurtar al órgano de representación la misión que lo define y justifica. El pacto entre dos partes del mundo económico con un Ejecutivo en medio blandiendo ante ambas como argumento de convicción las subvenciones que reciben subvierte el sistema democrático y convierte a la representación política del Parlamento en un guiñol. Una ley que no se puede enmendar ni discutir arrastra un déficit democrático que lastra su legitimidad, incluso aunque hubiera sido para modificarla en un sentido más intervencionista. Eso puede constituir un error de filosofía económica pero no un resultado antidemocrático si expresa el sentir de la soberanía nacional.
Dicho todo lo anterior, esta ley no solo no va a contribuir a la creación de empleo sino a su freno y destrucción. La estabilidad del empleo no se puede garantizar por ley porque eso depende de la viabilidad y estabilidad de las empresas. Hay quien confunde su propio sentido del bien común con el sentido común y lo lógica nos dice que la dificultad para despedir lleva implícita la dificultad para contratar. Se sostiene como cosa indiscutible que toda la regulación laboral evita el abuso al fijar las condiciones de trabajo, pero que exista esa posibilidad o incluso que ocurra, no permite generalizar esta afirmación que contiene una atribución arbitraria de instinto explotador en todos los empresarios. Y esa postura ignora además la parte esencial de la libertad de contratación, precisamente la de evitar los abusos: si hay facilidad para contratar quien busca empleo podrá elegir entre más empresas para encontrar las mejores condiciones posibles. Es la escasez de oferta lo que empeora la calidad del puesto de trabajo por falta de alternativas. Añadido a lo anterior la imposición de cargas excesivas, de fines primordialmente recaudatorios, sobre la contratación no favorece la creación de empleo porque encarece el coste del puesto de trabajo en perjuicio de la remuneración del empleado. Si la Unión Europea entre sus condiciones para el abono de fondos de recuperación a España pone como condición que la regulación del mercado de trabajo no vuelva a los anteriores excesos de rigidez, parcialmente purgados en el año 2.012, es porque entiende que la devolución de los créditos que nos concede está mejor garantizada con la flexibilidad laboral. Es un sinsentido pensar que nuestro acreedor recomiende medidas que contribuyan a disminuir la solvencia de España de cara al posterior reembolso de las ayudas.
