Lo que se vivió ayer en el pueblo valenciano de Paiporta respondió a la definición canónica de motín: movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida. Es evidente que la sensación de abandono, impotencia, dolor por los centenares de muertes confirmadas y las que no lo están, pero se esperan, constituyen una mezcla de sentimientos difíciles de controlar que viven latentes en la naturaleza humana como para convertir a gente buena y pacífica en una turba violenta. Sin embargo, quedarnos con esa explicación sería pecar de un simplismo excesivo, una respuesta pueril con la que eludir mirar a las corrientes profundas que transportan las aguas intoxicadas por el virus del populismo.
Contra lo que se dice o se cree, el populismo no es el mensaje sino la forma en que se expresa, que por lo general consiste en extremar las ideas, los hechos o las culpas. En España tuvo su momento seminal con el petrolero Prestige, un acontecimiento tan habitual como el naufragio de un barco, se convirtió en responsabilidad del Gobierno de la Nación, todo por la necesidad política de desgastarlo en una situación de estabilidad económica a institucional que dificultaba la crítica de los partidos de oposición. Luego vino el 11-M y a partir de ahí causas y efectos se confundieron de manera irremisible para la cordura social. La dramática imposibilidad de evitar todas las catástrofes y atribuir los males a quienes los provocan, trasladando la responsabilidad a las instituciones, ha destruido la posibilidad de un análisis racional de las cosas, ese parteaguas donde se separan la dificultad insalvable de la gestión deficiente y a ésta de la intencionalidad criminal. Cuando se echa un velo sobre los verdaderos responsables para culpar a quienes tienen la misión de paliar las consecuencias de lo que ocurre por causas naturales o por una voluntad consciente, se promueve un discurso éticamente inaceptable del que no salen impunes sus temerarios promotores.
Rara vez los grandes cambios de ciclo en la historia son el producto de un acto aislado, sino éste lo que incendia una situación que se ha ido degradando hasta el límite. Desde la Caída del Imperio Romano, pasando por la toma de Constantinopla, la Revolución Francesa o la Independencia de los USA, todo son procesos. Cuando una comitiva oficial es atacada como lo ha sido la que integraban el Rey (que quizás no merecemos), el Presidente del Gobierno y el de la Comunidad Valenciana, hay detrás algo más que la desesperación de quienes no ven llegar el socorro que esperan de las autoridades. Lo que aflora es la frustración de unas expectativas muy por encima de la capacidad de actuar en determinadas situaciones por parte de los organismos oficiales y la carencia de proporcionalidad entre lo que se llega a exigir por el poder político y lo que de él se recibe. El mito del Estado omnipotente se derrumba y la onerosidad de su mantenimiento en circunstancias como la presente se antoja un inútil despilfarro. Quienes para controlar el poder han justificado la incesante expansión del Estado traspasando incluso las puertas de las alcobas deberían reflexionar sobre los límites que debe respetar el gobierno. La percepción de que el control de las instituciones consume más tiempo de los políticos que la eficacia que se espera de aquéllas y de las decisiones de éstos está plenamente justificada. Sobran los ejemplos para señalar a una élite política empeñada en dictar leyes y normas para su perpetuación en vez de preocuparse por impulsar el bien común.
El populismo intervencionista no es sólo la crónica de un fracaso permanente sino un enorme trampantojo que permite disfrazar como democrática una clase de demagogia que aspira a controlar la sociedad, eso sí, hacia afuera, porque hacia dentro puede no advertir la presencia en sus filas de un supuesto depredador sexual, preso silente del virus neoliberal, como el capitalismo provoca los “enfados” de la naturaleza en forma de sucesos extremos, un delirio producto de una concepción antropomorfa emparentada con esos ritos supersticiosos en los que se adora a la tierra o los astros. Cosas que ocurren cuando los excesos ideológicos retrotraen a épocas previas a la Edad Media.
Lo cierto es que la evidencia nos dice que pese a tener el Gobierno más intervencionista de nuestra historia y una fronda administrativa que no deja actividad humana alguna sin su negociado correspondiente, a la hora de la verdad, se descubre su raquítica capacidad. Ese estado-nodriza que vela por nosotros y al que debe rendirse parte de nuestra libertad a cambio de seguridad, nos ha quitado buena parte de la primera para darnos muy poco de la segunda. Estos problemas, particularidades propias aparte, no se exclusivos de España, todas las democracias occidentales sufren los mismos riesgos. Las ideas de la libertad llevan décadas perdiendo terreno frente a esa “democracia ilimitada” que permite a cualquier mayoría que mutualice un número suficiente de intereses invadir espacios que no hace mucho se consideraban inaccesibles a la influencia gubernamental y naturalmente cuando se quieren abarcar tantos aspectos de la vida cotidiana terminan por descuidarse los más esenciales. Las guerras políticas por ocupar territorios de poder consumen la atención de los dirigentes porque lo único que los justifica es ganar elecciones. En un tiempo donde los hechos apenas cuentan ante la fuerza seductora de las narrativas lo crucial de la acción política es imponer visiones de la realidad por encima de ésta. Una de esas visiones, más bien alucinación, es que un Estado, aparte de su tamaño, sirve de algo sin tener en cuenta la incompetencia de quienes lo dirigen o la utilidad de lo que deciden. Por eso, cuando es la naturaleza libre de control la que impone sus condiciones la superchería queda a la vista de la gente que reacciona sin diferenciar, como ha sido el caso, inocentes y culpables.
José María Sánchez Romera
