Unos de los pocos debates con verdadera sustancia que se está abriendo camino en la conversación pública está referido al estado que presentan las economías domésticas, a la renta de la que disponemos en relación con la que se dice es la cuarta economía (por volumen) de la eurozona. Mientras que los datos oficiales nos hablan de un crecimiento del PIB superior al de nuestros socios comunitarios, se han recibido importantísimas ayudas en forma trasferencias de fondos europeos, la recaudación tributaria alcanza cifras récord en los últimos años y la solvencia como país medida en función de nuestra prima de riesgo es positiva, el número de personas en dificultades para cubrir sus necesidades más básicas arroja cifras inasumibles. Hay doce millones y medio de personas en riesgo de pobreza y cuatro millones cien mil en situación de pobreza severa, a ello que se añaden dos millones trecientos mil niños y adolescentes bajo la misma lacra, todo ello con la secuela de exclusión y los riesgos inherentes a la precariedad material. Completa el cuadro el que ocho de cada cien personas, datos de 2.024, vivían con menos de 644 euros al mes, drama agravado por el azote de una espiral inflacionista que no encuentra techo. No sólo eso, los sueldos medios apenas dan para cubrir los gastos personales básicos, lo que obliga a medir con precisión quirúrgica cada decisión de gasto. El Gobierno, basado en las cifras macroeconómicas habla de una bonanza histórica que queda cuestionada cuando sus propios aliados exigen, ante esa otra cara de la economía, profundizar en la adopción de medidas intervencionistas denunciando los altos precios de la vivienda y otros productos básicos. Como es habitual, en cada contradicción la izquierda se zambulle sin el menor complejo para, como es el caso, presumir de unas fianzas robustas a la vez que se extienden la pobreza y la necesidad (¡celebrada!) de dar ayudas sociales. En palabras de Arcadi Espada: “…es bien sabido que la más sucia pasión socialdemócrata es tener siempre un pie en ambos lados de la calle”. En ese laberinto de inconsecuencia, oír a algunos parlamentarios, salidos a duras penas del analfabetismo funcional, opinar en forma de despropósitos sobre estos asuntos desde el ambón del Congreso de los Diputados no hace más que acumular razones para la preocupación sobre nuestro futuro.
La verdad es que los socios del Gobierno aciertan en el diagnóstico, la situación económica general no es, desde el punto de vista social, buena, lo que ocurre es que yerran, como siempre, en las soluciones, porque su ideología los mantiene en el terraplanismo económico, se resisten a admitir la evidencia. Si en los últimos siete años las pulsiones intervencionistas y el afán recaudador impuesto por la mayoría parlamentaria nos ha traído a esta situación, la que denuncian algunos de sus promotores, avanzar por la misma senda sólo puede empeorar las cosas. Para entender esa obcecación hay que ir más allá de lo ideológico e incluso de la visión utópica que de sí misma tiene la izquierda, el trasfondo es de poder, una filosofía lo concibe como total y totalitario, que raramente acepta limitaciones. Ahí están sus choques recurrentes con la mayoría de instituciones que cumplen la función de control sobre los actos del Gobierno y de las eventuales mayorías parlamentarias, convertidas cada semana en una joint venture que aúne las distintas conveniencias de los partícipes. El actual Gobierno, con un Ministro de Economía no por keynesiano ignorante en la materia, aunque carente de peso político, lo único que hace es dosificar el tránsito a una economía socialista para que no haya un derrumbe súbito, lo que no obsta a que las dosis de ese “arsénico” solo compasivo en apariencia vayan ocasionando sus letales efectos. Y no es culpa únicamente del Gobierno, en la sociedad española ha calado tanto la idea del Estado protector, creyendo ingenuamente en su gratuidad, que hasta el centro-derecha cuando es acusado de privatizar algo niega con vehemencia el hecho, cierto o no, olvidando que son las nacionalizaciones las que generalizan la escasez y la pobreza.
La economía de mercado no es un juego de suma cero, las fluctuaciones que la riqueza tiene entre los agentes económicos no son el resultado de ganar uno lo que otro pierde, sino que los intercambios libres y la iniciativa empresarial aumentan la prosperidad general, algo que el destino que eligen los inmigrantes confirma. Sí es un juego de suma cero la política fiscal del Estado, porque todo de cuanto dispone es el producto extraído de la riqueza generada por la sociedad de tal manera que lo que acrece las arcas públicas mengua la disponibilidad de los que tributan y de ello la conclusión que se extrae no puede ser más simple. La redistribución de renta que los sistemas socialistas provocan es tan limitado como a la postre perjudicial: no todo lo que se contribuye vuelve en forma de servicios y ayudas a los más necesitados como vende la propaganda. El Estado es un pésimo gestor de recursos, carece de cálculo económico y control de eficiencia en el gasto, el aumento de su capacidad de recaudación tiene como consecuencia alzaprimar el margen que le permite financiar sus proyectos políticos sin considerar las repercusiones económicas. Es el motivo por el que no se ha querido deflactar los impuestos para descontar el efecto inflación y se ha incrementado la presión fiscal, esa que siempre se publicita como algo que únicamente pagarán los ricos, mientras la cruda verdad acaba cargando el esfuerzo fiscal (no confundir con presión fiscal) sobre las amplias capas de contribuyentes están sometidos a unas exigencias llegan a ser extenuante en las actuales condiciones. Esa y no otra es la razón del empobrecimiento general que detectan los datos estadísticos y el íter causal que los explican.
En ese contexto donde las decisiones no recaen directamente en quienes las toman el riesgo moral de adoptarlas se desprecia y así la primera grieta social importante se ha abierto con los jóvenes que han iniciado su vida laboral y ven que sus sueldos no les alcanzan para una vida si no desahogada sí al menos sosegada en lo que a su economía afecta. Se comparan con sus padres y no ven que puedan llegar a la misma situación que éstos han alcanzado, sienten que su trabajo se sacrifica en beneficio de otros sectores como el de las clases pasivas cuyos ingresos les superan y experimentan la incertidumbre de disponer no ya de una vivienda en propiedad, sino de encontrar una habitación que arrendar a precios prohibitivos para su mermada capacidad económica. Se sienten con bastante razón los paganos del mantenimiento de un estatus quo que les arruina el presente y el futuro. Son jóvenes formados que no se creen todo sea culpa de quienes han adquirido más de una vivienda, ellos aspirarían a lo mismo, sino de quienes no han sabido o no han querido, con estrafalarios argumentos, que haya más oferta en el mercado. Por supuesto, ya sufren esa autocrítica que hace el progresismo para que los errores de sus políticas los asuman los demás como propios, al situarlos en la extrema derecha por pedir un salario acorde con su esfuerzo y un lugar razonablemente asequible para realizar un proyecto de vida. Algo que antes, se decía, era de izquierdas.
José María Sánchez Romera
