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Recientemente, la justicia ha vuelto a dar la razón al vecindario de Cármenes del Mar, inadmitiendo el recurso que el Ayuntamiento de Almuñécar había interpuesto contra la decisión del TSJA que obligaba a la institución local a hacerse cargo de forma subsidiaria de la reparación y la estabilización de la loma sobre la que se construyó la urbanización.
Izquierda Unida Podemos comprende a los vecinos por su larga y dura lucha, “puesto que han sufrido las consecuencias de la avaricia desaforada del promotor de las viviendas que no dudó en construir donde no se debía y la necesaria colaboración de políticos de distinto signo que “han puesto en peligro la integridad física de quienes compraron una vivienda y estafado cientos de miles de euros a cada uno de ellos”.
Al entender de IU-P, «el primer paso para que se pudiera fraguar ese “atentado urbanístico” fue la aprobación del PGOU del 87, el cual fue aprobado por todos los partidos, a excepción del Partido Comunista, y el posterior visto bueno de la Junta de Andalucía, aunque el tema de Cerro Gordo no quedó bien definido».
«Por ello», argumenta la agrupación de izquierdas, «Benavides intentó insistentemente limar las trabas que desde la Junta ponían y se reunió una y otra vez con la Comisión Provincial de Urbanismo para desbloquear el tema. En 1990 logró que las trabas quedaran superadas y culminó el trabajo con la firma de un convenio urbanístico con los hermanos Rodríguez Acosta, dueños de la empresa constructora “Cerro Gordo S.A”.
«En el acto de formalización del convenio», especifican desde IU-P, «en el que estuvieron presentes Rosario González, Rafael Contreras y Federico Molina, entre otros, Benavides consideró a Cármenes del Mar como el proyecto símbolo que abriría las puertas al turismo de alto standing, dada su calidad y estética”.
Si bien, políticos de distintos colores colaboraron en esta situación, la responsabilidad directa está bien definida y, como siempre, se esconde o culpabiliza a los demás.
Por otra parte, señalan desde la coalición de izquierdas, «han pedido en varias ocasiones la documentación acerca de los proyectos, expedientes urbanísticos o licencia de obras, y los técnicos municipales afirman que la documentación ha desaparecido de las dependencias municipales».
En cualquier caso, los portavoces de IU y Podemos, Jesús Ruiz y Gabino Ovalle subrayan que quienes promovieron, lo que denominan, pelotazo urbanístico han quedado limpios de polvo y paja, como en tantas ocasiones».
Para los portavoces, «de nuevo, el Ayuntamientoes condenado por el urbanismo, por si no tenía suficiente con la devolución de todo el dinero cobrado indebidamente por la firma de convenios ilegales por parte de Convergencia Andaluza».
«Esto no es más que otra de las consecuencias de quienes han hecho de la especulación y la corrupción urbanística su forma de vida y de hacer política, lastrando las arcas municipales y condenando a la ciudadanía de Almuñécar y La Herradura a pagar los desmanes de quien vivía en un chalet de millones de euros con su sueldo de alcalde», finalizan desde Izquierda Unida-Podemos.
