El PSOE de Almuñécar y La Herradura ha exigido explicaciones inmediatas al alcalde, Juan José Ruiz Joya, tras conocer que el Ayuntamiento ha pasado al cobro el recibo del IBI rústico a familias agricultoras afectadas por el incendio declarado el 13 de agosto de 2024 en el entorno de Peña Escrita.
Aquel incendio arrasó cerca de 600 hectáreas y provocó daños en alrededor de 160 hectáreas de cultivos subtropicales, lo que supuso un duro golpe para decenas de pequeños agricultores de la zona.
Los socialistas consideran especialmente grave que el gobierno municipal haya procedido al cobro del impuesto, ya que el pleno extraordinario celebrado el 6 de septiembre de 2024 aprobó por unanimidad —con los votos de PP, PSOE, Convergencia Andaluza e IU— una moción conjunta que recogía de forma expresa “la exención del IBI durante los próximos cinco años a los propietarios de las fincas afectadas”.
Según denuncia el PSOE, casi dos años después del incendio los agricultores todavía no han recibido ninguna de las ayudas acordadas por el Ayuntamiento, por lo que el cobro del IBI rústico incrementa la sensación de abandono entre los afectados.
El secretario de Organización del PSOE de Almuñécar y La Herradura, Francis Puertas, ha criticado duramente la actuación del equipo de gobierno municipal. “Cuando las cámaras estaban delante todo eran promesas y fotos de apoyo al campo; pero cuando toca cumplir, el señor Ruiz Joya vuelve a hacer lo de siempre: dejar solos a quienes más lo necesitan”, ha señalado.
Puertas ha añadido además que “Carlos Ferrón y Juan José Ruiz Joya nos deben una explicación a las familias afectadas”.
Para el PSOE, esta situación no solo supone un perjuicio económico directo para las familias agricultoras, sino que también evidencia una preocupante falta de coordinación administrativa o, lo que sería más grave, una voluntad política de priorizar la recaudación frente al apoyo a los vecinos damnificados por el incendio.
Por todo ello, los socialistas exigen al concejal de Medio Rural y Agricultura, Carlos Ferrón, que ofrezca explicaciones públicas inmediatas y detalle cuántas fincas afectadas han recibido el cobro del IBI rústico, por qué no se ha ejecutado el acuerdo plenario aprobado por unanimidad y qué trámite administrativo ha impedido aplicar la exención aprobada.
Asimismo, reclaman que el gobierno municipal aclare en qué fecha tiene previsto corregir esta situación y proceder a la devolución, compensación o anulación de los recibos que, según denuncian, han sido girados de forma indebida.
