El Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento de Andalucía ha registrado una batería de preguntas para exigir al Gobierno de Juanma Moreno que haga públicos los informes técnicos y científicos que, según la formación, justificarían la prohibición de la pesca deportiva en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Acantilados y Fondos Marinos de la Punta de la Mona, en el término municipal de Almuñécar.
Según VOX, la Junta de Andalucía debe aclarar los datos en los que se apoya esta medida, que ha generado un notable malestar entre los pescadores recreativos de la Costa Tropical. “Desde VOX apoyamos las reivindicaciones del sector para defender el derecho a la pesca de autoconsumo y un uso responsable del litoral”, ha afirmado la parlamentaria granadina Cristina Jiménez, vicepresidenta tercera de la Mesa del Parlamento andaluz.
Jiménez ha recordado que el grupo parlamentario de VOX en Andalucía viene defendiendo desde 2021 una regulación justa de la pesca recreativa frente a lo que considera una política de “prohibición y criminalización del sector” por parte del Gobierno autonómico. A su juicio, esta situación ha supuesto la “expulsión” de los pescadores tradicionales de la Punta de la Mona, llegando incluso a limitar el acceso físico a esta zona del litoral.
La parlamentaria ha explicado que, tras una reciente reunión con la Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical, en la que también participaron los diputados autonómicos de VOX Rodrigo Alonso y Ricardo López Olea, el grupo ha planteado a la Junta la posibilidad de reconocer la pesca recreativa y de autoconsumo como una actividad compatible con la conservación, vinculada a la educación ambiental, la vigilancia del entorno marino y la puesta en valor del espacio protegido.
Cuestionan la orden que regula la zona
Entre las preguntas registradas por VOX, el parlamentario andaluz y portavoz nacional de Agricultura y Pesca del partido, Rodrigo Alonso, se interesa por la orden de 7 de enero que regula diversas actividades en la Punta de la Mona. En concreto, VOX cuestiona la prohibición de la actividad pesquera incluida en dicha normativa y pregunta si la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural tiene previsto revisar o derogar esta restricción.
Por último, Cristina Jiménez ha subrayado que, según los datos que maneja su formación, el 90% de los pescadores recreativos pescan para consumo propio, y ha defendido que se trata de una práctica con un amplio respaldo social y arraigo histórico en la provincia de Granada. Por ello, ha instado a la Junta de Andalucía a reconsiderar una postura que, a su juicio, “criminaliza injustamente a un sector tradicional del litoral granadino”.
